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He recibido la información sobre la actividad
minera en el Río Negro proporcionada por Antonio
J. Fernández del Postgrado Latinoamericano en
Manejo de Fauna Silvestre de la Universidad de los Llanos Ezequiel
Zamora. Asimismo la corroboración del daño ambiental según la
información de una persona que conoce la zona y ha investigado en
el área como Rafael Herrera (investigador
emérito del IVIC).
Ciertamente las imágenes satelitales (Google Earth) confirman que
"Son los afluentes venezolanos del Guaína, nombre que tiene el Río
Negro antes de la confluencia del Casiquiare, un poco al sur de esa
zona".
Herrera denuncia, con su voz autorizada, que se trata de minería
ilegal realizada por grupos de la guerrilla y del narcotráfico de
Colombia "bajo la mirada interesada de la GN, quienes van a "cobrar
cada cierto tiempo su cuota en oro", información que le
proporcionaron varias personas que viven en el lugar en marzo de
2004.
Mis apreciaciones y sugerencias son las siguientes:
1- La crisis
de la institucionalidad ambiental en Venezuela,
particularmente en el Ministerio del Ambiente desde 1994 hasta
nuestros días favorece el resurgimiento de la actividad garimpeira
en
el sur de Venezuela (Amazonas y Bolívar).
2- Esta crisis incluye la renuncia de la
Guardia Nacional a sus funciones de guardería
ambiental y la profundización de la corrupción
en este organismo vinculado a la minería, el contrabando y otras
actividades ilícitas. La situación fue denunciada insistentemente
por las Comisiones de Ambiente del Congreso,
incluyendo la Comisión del Senado que me
correspondió presidir. En gran parte, los derechos
ambientales establecidos en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela son hijos de esas luchas que crearon una
opinión pública favorable y un clima parlamentario sensible al tema
ecológico, que incluyó también a la Constituyente.
Desafortunadamente, existe un abismo entre la institucionalidad
ambiental y los derechos ambientales constitucionales.
3- La representación de Diputados
indígenas en la Asamblea Nacional y en algunas
regiones y localidades en la cual se habían cifrado
grandes esperanzas, ha resultado un verdadero fraude. Deberían ser
ellos los abanderados de esta denuncia que dañan el ambiente y los
territorios donde habitan, pero hemos observado que incluso algunos
son partidarios de la minería, traicionando completamente a sus
pueblos, al país y los derechos de las futuras generaciones (el
ejemplo más patético es el apoyo a la
actividad de explotación carbonífera de algunos
dirigentes indígenas Wayuu, auténtico caso de
MALINCHISMO). Otra prueba de lo que decimos es la transformación del
Proyecto de Ley de Comunidades, Pueblos y Culturas Indígenas que
elaboré en el Congreso con una importante participación desde
1987,1988, hasta el 98, que alimentó el capítulo sobre los derechos
indígenas de la Constitución de 1999; hoy, sin embargo, la versión
actual denominada Proyecto de Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades
Indígenas, aunque recoge el proyecto original, lo deforma, lo
convierte en un mamotreto, retrocede con respecto a la Constitución
y abre las compuertas a la minería en las
propias tierras, hábitat, y territorios
indígenas, así como también en los parques nacionales y
demás Áreas Bajo Régimen de Administración Especial. Esta
observación no es sólo
válida para el texto que logramos paralizar un grupo de
personas en octubre del 2004, a través de una comunicación a la
Asamblea Nacional que fue tomada en cuenta, sino también en la
reactivación de la discusión del día 28 de Julio de 200 5 cuando
los Diputados(as) Nohelí Pocaterra, Guillermo
Guevara, José Luis González
y José Poyo, promovieron la aprobación de varios artículos que abre
las compuertas a la actividad minera y petrolera en la tierras y
hábitat indígenas con el argumento de que recibirían un 5% de
beneficio.
4- Una reciente decisión del Gabinete del
Presidente Hugo Chávez, que al parecer ordena
paralizar la minería en la Cuenca del Caroní, de la
cual depende el 70% de la energía hidroeléctrica del país,
probablemente abre una nueva esperanza que ojalá sea confirmada por
los hechos. De ser así, debe tener todo nuestro respaldo y tomarse
las decisiones con el fin evitar que se consuma la depredación
carbonífera que en la Sierra de Perijá (Edo. Zulia) encabeza por el
General Rafael Martínez Morales (Presidente de Corpozulia), con el
apoyo de trasnacionales, grupos locales de poder económico y hasta
un dirigente indígena como Arcadio Montiel,
miembro del Directorio de Carbozulia. La Sierra
de Perijá contiene de una diversidad de
ecosistemas frágiles y de ella depende en gran parte los recursos
hídricos del estado Zulia, es además hábitat de los pueblos
indígenas Yukpa, Barí, Japreria. Precisamente,
la nueva estrategia es utilizar a los indígenas
para penetrar las áreas naturales protegidas,
convirtiéndolos en Garimpeiros. Esta modalidad se empezó a fraguar en
el famoso decreto 1850, del año 1997 y ratificada en la actual
versión del decreto 3.110 de Septiembre de 2004 que consagra la
apertura minera en la Reserva Forestal de Imataca, en la cual se
pretende implicar a los propios indígenas, que luego serían
desplazados por los grandes intereses estatales y trasnacionales.
5- Es necesario que se constituyan nuevas
organizaciones ambientalistas y se reactiven las
ya constituidas, dialogar con las comunidades y
pueblos indígenas, solicitar la participación de
profesores universitarios, investigadores, parlamentarios,
periodistas, dirigentes sociales de todas las tendencias, para
conformar un gran movimiento que evite que siga avanzando la
depredación ambiental en Amazonas, Bolívar, Zulia, así como los
proyectos de corte desarrollistas que contradicen las disposiciones
ambientales de la Constitución. Hay que activar redes de defensa
ambiental, realizar denuncias, enviar correos a La Presidencia de la
República, la Vicepresidencia, la Asamblea Nacional, la Defensoría,
el Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía y también los
Organismos Internacionales, incluyendo las
Embajadas. En materia de defensa ambiental y
derechos humanos lo peor es el aislamiento, el silencio,
la incomunicación y a veces la complicidad que parece haberse
apoderado de algunos luchadores. Por eso quiero saludar las
denuncias de Antonio J. González Fernández,
Rafael Herrera, Edgar Yerena y Lusbi Portillo y
los dirigentes Yukpa y Barí, creo que su ejemplo
debe ser imitado para salvar los bienes jurídicos ambientales y el
equilibrio ecológico tal como lo establece el Preámbulo de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
6- Finalmente hacemos un llamado al
Presidente Hugo Chávez, el Ministro de la
Defensa, Maniglia y a la Fuerza Armada para que
cumplan con su deber constitucional de proteger y defender el
territorio-espacio geográfico nacional, hoy en proceso de invasión
y destrucción ambiental en el Guainía-Río Negro,
antes de la confluencia del Casiquiare. El
Gobernador del Estado Amazonas, el indígena
Liborio Guaruya, está también en el deber moral y legal de
pronunciarse para evitar que avance este ecocidio y violación de la
soberanía nacional. Nuevamente levantamos nuestra voz y pedimos SOS
por el Amazonas, la Sierra de Perijá y los Pueblos Indígenas. |
