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Instituciones burocráticas y democracia participativa / 2

noviembre de 2005

Ver: Instituciones burocráticas y democracia participativa, primera parte

1. Incluidos y excluidos
 
Hoy por hoy la participación suele ser entendida como un objetivo por derecho propio. Pensamos que cuando un grupo humano puede ser involucrado y se hace cargo colectivamente de las soluciones a problemas que le conciernen, ya se ha logrado un éxito estratégico desde el punto de vista del proceso revolucionario. No obstante, podría ser un logro efímero. Al cabo de años y años de bombardeo ideológico —lavado de cerebro perpetrado cotidianamente por la inmensa maquinaria comunicacional y pedagógica imperial y sus segundones locales— buena parte de la sociedad busca, y seguirá buscando por mucho tiempo, soluciones individuales:
  •         ganarse las mil y una loterías o pegar el cinco y seis;
  •         culminar una carrera profesional lograda con sangre sudor y lágrimas;
  •         instalar un negocito propio;
  •         llegar a las grandes ligas en dólares;
  •         emigrar al “american dream”
  •         lograr un contrato perpetuo como funcionario del estado
  •         entrarle sin ambages a la corrupción.

 

En una sola frase, salir de abajo como sea. Lugares comunes de la cultura popular, abanico de salvavidas personales aprobados por el sentido común y enraizados en la conciencia de la gente como las únicas puertas de escape hacia una vida mejor. Loterías; carrera profesional; negocio; éxito deportivo medido en dólares; american way of life; funcionariato público y corrupción, entre otras alternativas parecidas, son llaves mágicas instantáneas que posibilitan el acceso a la inclusión en el mundo —al mismo tiempo ostentoso e inaccesible— de los poderosos de la Tierra.  En estas propuestas la acción colectiva no cuenta para nada.

 

La enorme presión ideológica, perpetrada por la difusión masiva de mercancías culturales; informativas; propagandísticas y publicitarias de la maquinaria comunicacional imperial, omnipresente en vivo y directo en nuestra vida social cotidiana, refuerza incesantemente la vigencia de la salvación individual como única opción vital para la raza humana, al mismo tiempo que combate cualquier otra alternativa. El capitalismo imperial preconiza urbi et orbi la solución individual como artículo de fe fundamental para el orden planetario neoliberal, al mismo tiempo que intenta borrar a sangre y fuego del mapamundi proyectos económicos, culturales y sociales alternativos; organizaciones de masas; los países y conceptos tales como independencia y soberanía nacional. En consecuencia, la apertura de la gente hacia la nueva opción plasmada en el proyecto nacional encabezado por el presidente Chávez —que reivindica la unidad del pueblo; la primacía de lo colectivo; la organización popular; la responsabilidad social; la solidaridad en lugar del egocentrismo y ahora directamente el socialismo del siglo XXI— ha sido un proceso lento y arduo, hasta ahora en buena medida oculto tras las necesidades urgentes de movilización suscitadas por los intentos de derrocamiento del gobierno popular. Justamente el período 2000-2005 demuestra que la propuesta democrática participativa no puede consistir sólo en que la gente común forme comités, desfile o vote en masa cuando es convocado por dirigentes políticos, porque son mecanismos que también pertenecen al universo conceptual de la realpolitik de la democracia representativa. También demuestra que la lucha por la inclusión de la inmensa mayoría de excluidos sólo es viable mediante un proceso de cambio revolucionario de la teoría y la práctica sociales que producen y reproducen el capitalismo neoliberal imperial tal como es hoy en Venezuela, Latinoamérica y el mundo.

 

La guerra comunicacional implementada por el imperio y sus secuaces locales contra el socialismo del siglo XXI sólo tiene sentido práctico si logra aterrizar en la vida social cotidiana de todos y cada uno de nosotros

  • produciendo y reproduciendo compulsivamente el anhelo de la solución individual y

  • suscitando pánico movilizable contra las supuestas amenazas a la libertad individual impulsadas por Chávez. Un cóctel racista, clasista, rabiosamente anticomunista y anticubano, rigurosamente atenido a la receta aplicada durante todo el siglo XX en Latinoamérica y el mundo.

En todo caso anhelo y pánico irracionales exitosamente capitalizados en la movilización de importantes sectores de la sociedad venezolana bajo la bandera del derrocamiento inmediato del presidente. Sin embargo, la prolongada fase de guerra comunicacional implementada por el imperio reventó como una pompa de jabón: no había previsiones comunicacionales para una salida como la que realmente se produjo, generando un embarazoso silencio informativo de la industria cultural, y que las grandes movilizaciones de masas opositoras se esfumaran como por arte de magia. El pueblo chavista sobrepasó su dirigencia, articuló movilizaciones y comunicación popular que, unida al alzamiento en los cuarteles, generó la revolución del 13A. Exactamente el mismo esquema operó durante el lockout petrolero y patronal seis meses después. El verdadero efecto del putsch dirigido por los medios de comunicación fue desencadenar una verdadera revolución popular sólo contenida por el propio Chávez la madrugada del 13A. El atrincheramiento de los incluidos resultó ser un gigantesco bluff social, que terminó en un alzamiento generalizado y victorioso de los excluidos. La gran pregunta: ¿Las aguas sociales han vuelto a su cauce?

 

Especialistas y gente común

 

La reivindicación de la participación es una propuesta antigua en Venezuela y el mundo. Por tanto, ha dejado teoría y práctica revolucionaria acumulada a lo largo y ancho del mundo. Sistemas teóricos que respaldan el socialismo o compendios de pensamientos como el de Bolívar y Simón Rodríguez. Por medio de conceptos heredados o de nuevo cuño podemos aprehender la realidad histórica de la exclusión y su contrapartida, la inclusión. Inclusión y exclusión son caras de la misma moneda que pueden mostrar cómo se ha instalado y operado el poder económico, político, social y cultural en Venezuela y el mundo. Por ejemplo:

·         políticamente exclusión equivale a la llamada democracia representativa, en la que por medio del voto los electores delegan su cuota de poder político en otros, que supuestamente lo representan en la gestión pública.

  • culturalmente exclusión significa la imposición a sangre y fuego de la primacía universal de la cultura de las sociedades europeas y sus descendientes en todo el mundo, arrasando las culturas autóctonas.

  • económicamente exclusión es la apropiación de los medios de producción por oligopolios privados imperiales y sus capataces locales bajo la forma de latifundios y complejos financieros, comerciales e industriales, organizados en función de los intereses metropolitanos y sus lacayos locales, y no en función de los intereses del pueblo.

  • productivamente exclusión es la organización de la producción de bienes y servicios con modelos castrenses tayloristas. Las empresas y las instituciones sociales son vistos como un ejército privado con sus propias reglas del juego organizacional vertical e inapelable.

  • militarmente exclusión es la articulación de fuerzas armadas nacionales del mundo como parte del aparato represor imperial.

  • educacionalmente exclusión es la privatización a todo nivel.

  • en el saber exclusión es equipararlo con la cantidad y calidad de grados obtenidos en el sistema educacional mientras se niega el valor de la experiencia vital.

  • informativamente exclusión es la expansión de una industria cultural imperial urbi et orbi, monopólica y unilateral, que arrebata la práctica social de la comunicación al pueblo y a las naciones, transformándola en un negocio privado, profesional y patentado.

De ahí que incluido sea un ingeniero doctoral, y excluido el ejército obrero no calificado que no tiene derecho a emplear su cerebro. Incluido es el enclave mantuano de prosapia hispana o blanco europeo, y excluidas las amplias masas populares de pardos; indios; mulatos y zambos. Incluidos, la minoría enriquecida a la sombra de los buenos servicios prestados al amo imperial. Excluidos, los dos tercios de población empobrecida. Incluidos, los ganadores públicos, notorios y famosos, y excluidos la gran muchedumbre anónima de perdedores. Incluidos, la minúscula cofradía de tercer nivel universitario, y excluidos el enorme contingente de analfabetas, campesinos, obreros y buhoneros aferrados al empirismo. Incluidos, el reducido grupo de dueños. Excluidos, la mayoría abrumadora de los que nada tienen. Cuidado. Nadie quiere ser clasificado como excluido social. De ahí que, con la notable contribución de la industria cultural imperial, la exclusión asume la forma de anhelo de inclusión individual en el status quo social, y  casi nunca se cristaliza como anhelo de cambio revolucionario de la situación social que produce y reproduce la exclusión.

 

No obstante, nuestra vida diaria es la concreción de un conflicto permanente entre incluidos y excluidos, en todas y cada una de la multitud de micro zonas de relaciones sociales que concretan la actividad cotidiana. Arte. Cultura. Economía. Política. Deporte. Organizaciones populares. Gobierno. Sociedad Civil. Fuerza armada nacional. Comercio. Medios de comunicación. Por tanto, día a día fluye hacia los intersticios de la vida social un torrente multitudinario de valoraciones, propuestas, metodologías, herramientas y prácticas económicas, culturales, políticas y sociales que concretan cotidianamente la pugna exclusión-inclusión. Ahora el entrechoque de fuerzas contradictorias se ha hecho descarnado y masivo, ya que tiene que ver directamente con la irrupción política de la teoría y la práctica de la democracia participativa propuesta por Chávez y apoyada por la mayoría social excluida, en el seno del status quo económico, social, cultural y social de la democracia representativa pro imperial en crisis, anquilosada y caduca. La democracia participativa propuesta por el presidente Chávez se refiere a la teoría y la práctica de la inclusión social que, al parecer, sólo puede ser avanzada echando mano de un instrumental revolucionario que cambie radicalmente un estado de cosas abrumadoramente excluyente para las grandes mayorías. La inclusión de los excluidos pasa necesariamente por el defenestramiento del poder instituido, que está ahí precisamente para impedirla.

 

¿Qué hacer? 

La inclusión es un problema político, porque tiene que ver con el ejercicio del poder en todas las esferas de la actividad social, monopolizado de un modo u otro por los sectores sociales incluidos. En consecuencia, afecta todo el sistema de jerarquías sociales vigente. Los temas de la democracia participativa impactan todas las estructuras que sostienen el status quo social: organizaciones  políticas, económicas y culturales concretadas en las empresas privadas y públicas productoras de bienes y servicios; el mercado;  instituciones del estado; organizaciones de la sociedad civil, etc. La nueva situación pone sobre la mesa redistribuir inmediatamente la calidad y la cantidad del poder en manos de los ciudadanos. Un primer paso fue la redefinición de objetivos, establecida en la nueva constitución nacional, en tanto que ahora el desafío urgente es crear e implantar sus consecuencias estructurales, orgánicas y funcionales en todas las esferas de actividad social. Concretar la inclusión es un tema revolucionario y especialmente importante ahora, cuando una fuerza social política ampliamente mayoritaria  empuja hacia la inclusión en desmedro de la exclusión, aunque en la práctica descubramos que una buena parte del liderazgo, la capa de dirigentes políticos, sindicales y gerentes gubernamentales del proyecto bolivariano no abandonan del todo la teoría y, sobretodo, la práctica privada y pública del juego social de las exclusiones que se proclama apresuradamente como superado. No hay nada más equívoco que la consigna publicitaria que proclama que ahora Venezuela “es de todos”. Salvo en el discurso, un amplio sector de dirigentes y de dirigidos no termina de dar el gran salto adelante —ético y estructural— propugnado por el presidente Chávez. ¿Preconizan la solución individual o el proyecto nacional solidario propuesto por el presidente Chávez? 

En los megáfonos hay mucha retórica incluyente pero en la vida real muy pocos hechos —que testimonien cambio estructural implantado e irreversible— con respecto a:

  • la hegemonía del modo de producción capitalista neoliberal planetario en la producción de bienes y servicios y el mercado nacional, basado en la apropiación privada de los medios de producción;

  • la estructura institucional y empresarial del estado nacional;

  • alternativas de organización popular premunidas de metodologías y herramientas que propicien el ejercicio real y ampliamente mayoritario de prácticas basadas en el ejercicio de la democracia participativa en todas las esferas de actividad de la nación, incluyendo los partidos del proyecto.

  • la enorme presión ejercida por la maquinaria comunicacional imperial a favor de la salida individual  egocéntrica y en contra de la salida nacional, solidaria y fraterna.

Precisamente uno de los temas más inquietantes incorporado al debate por el presidente Chávez ha sido  la necesidad de crear “el socialismo del siglo XXI”. Las teorías socialistas apuntan directamente al tema de la apropiación privada de los medios de producción por una clase social definida como burguesía, nudo gordiano del sistema de inclusiones y exclusiones todavía vigente en la práctica social real de la República Bolivariana de Venezuela. Como contrapartida a la inmensa acumulación de poder ideológico, cultural, económico y estatal en manos de los dueños de los grandes medios de producción, la propuesta alternativa no ha superado:

  • alusiones timidísimas a supuestos rasgos alternativos del cooperativismo con respecto al modo de producción capitalista;

  • magros avances territoriales frente al poder irrestricto del latifundio;

  • el asambleismo de organizaciones populares reducidas al rol de consultores del aparato gubernamental sin ninguna capacidad de decisión real con respecto a la gestión de las instituciones y empresas públicas. En consecuencia mucha, demasiada gente participa en las organizaciones articuladas desde el aparato gubernamental bajo la égida ideológica de la solución individual y no desde la perspectiva del cambio cultural solidario.

La mayoría de las instituciones del estado venezolano no responden a premisas conceptuales, metodológicas u organizacionales incluyentes, propias de una democracia participativa. De hecho casi todas son herencia de la democracia representativa, mientras que las nuevas instituciones nacidas al calor de la V República se han basado en exactamente el mismo modelo de gestión pública. En consecuencia, hay un gran distanciamiento entre la nueva retórica participativa y la gestión real de las instituciones, sean viejas o nuevas. ¿Puede hablarse con propiedad de democracia participativa en PDVSA; en algún ministerio o en algún partido de la revolución? ¿Hay indicios por lo menos? ¿Hay alguna diferencia estructural entre la gestión de Venezolana de Televisión y Venevisión? Como contrapartida, los sectores proclives a la implantación de prácticas sociales basadas en la democracia participativa no disponen, las más de las veces, de un método analítico que procure claridad conceptual necesaria para aterrizar en su propio ámbito de acción problemas teóricos cruciales tales como el socialismo del siglo XXI o los enfoques de desarrollo organizacional. Mucho menos disponen de conceptos, metodologías, herramientas y prácticas de desarrollo organizacional de nuevo cuño, suficientemente sólidas como para apoyar a corto, mediano y largo plazo el gran salto adelante. Por tanto, es imprescindible que desde el campo de las fuerzas del cambio concretemos urgentemente un debate nacional que reflexione esta notable y peligrosa carencia y que, desde ahora mismo, los que hemos estado involucrados en la teoría y la práctica de la movilización; organización y cambio cultural revolucionario de las masas aportemos modelos posibles; conceptos; metodologías y herramientas que apunten hacia la práctica plena de la democracia participativa en las instituciones del estado y en cualquier otro ámbito de la organización social. Pero la idea no es convocar un taller de especialistas en las salas de Parque Central que dictamine qué es lo apropiado en un manifiesto. En realidad es hora de recoger, sistematizar y transferir in situ herramientas apropiadas para que la gente organizada y movilizada reivindique por sí misma la inclusión. En las olvidadas propuestas movilizadoras de la revolución china se enarboló la consigna de las masas, a las masas. Intelectuales, profesionales y expertos no somos los directores de nada, sino los llamados a transferir lo más adecuada y rápidamente posible nuestras herramientas conceptuales, metodológicas e instrumentales a la gente, para que la gente se apodere de ellas y las desarrolle por su cuenta. Este objetivo sólo es posible mediante un cambio radical de las conciencias, tanto nuestra cuanto de la gente. Temas urgentes para lograr que la mayor cantidad de gente posible transite, ojalá de un modo irreversible, desde el “salir de abajo” de la salida individual hacia logros colectivos solidarios, con todo el enorme cambio cultural que implica un tránsito de esta naturaleza. En este terreno específico necesitamos conceptos, metodologías y herramientas útiles para ser propuestas, reinventadas e implantadas en todas y cada una de las microzonas de confrontación económica, ideológica, política y social —tal como lo son las instituciones y empresas del estado— que son el campo real y decisivo en que se define el gran salto adelante propuesto por el presidente Chávez. .

Este documento es sólo un primer paso. Propone ideas básicas referidas a un nuevo modelo de gestión gubernamental y ampliamente popular basado en conceptos tales como la inclusión y la democracia participativa. Ciertamente el problema es complejo:

·         ¿cómo puede transitar una organización desde la representación solidificada en una estructura vertical a la participación democrática sin detener su marcha, sin paralizar la producción de bienes o servicios que son su razón de ser?

  • ¿Cómo conciliar el espíritu de cambio fervoroso de cuadros militantes con la inercia burocrática institucional, las más de las veces transformada en saboteo de funcionarios no necesariamente partidarios del cambio social propugnado por el presidente Chávez?

  • ¿Cómo superar el tema de las trincheras irreconciliables sin verse forzado a crear bypasses institucionales basados en la desacreditada idea del operativo?

  • ¿A quién se da participación, cuándo y en qué forma concreta?

  • ¿Quién puede aportar informaciones y buenas ideas, mejorando la gestión colectiva?

  • ¿A quién habría que tenerlo informado acerca del nuevo desarrollo institucional?

  • Y, sobre todo: ¿de la participación de quién depende ahora mismo el nuevo modelo de gestión? ¿cómo se supera la solución individual?

¡Arriba el equipo!

Afortunadamente la respuesta a estas interrogantes y a muchas otras está muy cerca del  problema:  la participación organizada de la gente en sí misma sirve para desarrollar concepciones específicas y respuestas instrumentales con base en el punto de vista de los afectados, que son justamente los involucrados de un modo u otro en los modos alternativos de gestión de una institución pública o de una organización popular. Si este conjunto de fuerzas —distribuida por toda la sociedad— puede llegar a sentir la participación democrática inclusiva como un proyecto válido, propio y alternativo a la solución individual, seguramente va a prestar la contribución a la cual se compromete, aunque aquí se ponen de manifiesto también los límites de un proyecto participativo institucional. La premisa más básica del proyecto participativo es que sólo deberían ser involucrados en la toma de decisiones —meollo de la práctica del poder— aquellos que se vean realmente afectados por ellas y que, además, contribuyan concretamente a que la gestión institucional tenga éxito. La participación no significa automáticamente que tome parte en la toma de decisiones quien no aporta nada a ellas ni asume ninguna responsabilidad al respecto. Si no se respeta este criterio se lograrán mecanismos poco realistas, de escasa utilidad para la actuación. Además, es preferible no darle participación a un grupo que darle una participación aparente. Si en un taller de trabajo, por ejemplo, un grupo elabora una concepción en la convicción de ser responsable de lo que se resuelve al respecto, y luego, a otro nivel, esa resolución es modificada, esto puede ser el golpe de gracia para la motivación y la colaboración de dicho grupo de una vez y para siempre. De hecho este es el elemento más importante que debe ser evaluado antes de dar luz verde a la intervención de un proyecto de democracia participativa en el ámbito de una micro zona institucional. 

Transitando la inclusión  

Un proyecto de trabajo basado en nuevas herramientas de gestión funciona cuando se apoya directamente en el esfuerzo orientado al cambio de todos los diversos grupos involucrados con la actividad de la institución. En realidad, se trata de rearticular involucrando, transfiriendo conceptos, metodología e instrumental participativo hacia todo el ámbito de la acción institucional y no sólo hacia el personal. El punto de partida es establecer un esquema de trabajo basado en la indagación de la percepción del personal y de los “clientes”, usuarios o beneficiarios con relación a la actividad institucional realizada por todos y cada uno de los propios grupos humanos involucrados en la vida institucional. Un criterio esencial para una adecuada inserción social de la organización es su voluntad y capacidad de establecer un diálogo constructivo con sus distintos grupos destinatarios. En definitiva, la idea base es lograr la articulación de un ámbito participativo —mayor que la institución— para un equipo de trabajo articulado con base en todos los involucrados, que se instala a sí mismo como equipo multidisciplinario de contraloría social. El presidente Chávez ha planteado una lucha a fondo contra el burocratismo heredado y nuevo, pero no se trata para nada que las instituciones funcionen perfectamente para sí mismas sino que usuarios, clientes o beneficiarios finales reciban el mejor producto o servicio posible. Las instituciones públicas no son un fin en sí mismas. El hecho de que Hidrocapital tenga un departamento de personal eficiente y profesional probablemente no interesa a nadie fuera de sus instalaciones o del ámbito sectorial especializado. Lo que realmente cuenta para la gente común involucrada es que se asegure que la población tenga acceso equitativo y constante a agua potable y que se logre de forma ecológicamente sostenible. Lo que cuenta finalmente no son los servicios internos que se ofrecen a los empleados sino el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  

La idea principal es definir el ámbito participativo y formar un equipo de trabajo inicial que asuma e incorpore progresivamente a la estructura y funcionamiento institucional el punto de vista

  • macro gubernamental

  • del personal;

  • del usuario, cliente o beneficiario de los productos o servicios institucionales.

Un esquema viable siempre está basado en consensos producto del análisis colectivo, en el que los involucrados acuerden trabajar juntos por un período de tiempo determinado para alcanzar un objetivo común. Es indispensable formular un proyecto común, válido para todos los involucrados, pero no se trata de ponerse de acuerdo en todo, ni de encontrar el mínimo común denominador, ni propiciar conversiones ideológicas radicales, sino tener muy claro qué se emprende en conjunto. En la vida real siempre persistirán diferencias entre distintos intereses y también habrá diferencias en la forma de ver las cosas. En consecuencia, en el proyecto es mejor ponerse de acuerdo exactamente en qué no se está de acuerdo. La intervención de nuevos métodos y  herramientas de trabajo en la gestión institucional acontece en sistemas sociales y complicadas redes de intereses preexistentes dentro y fuera de la institución, fuertemente apoyadas en el prejuicio valorativo de la solución individual. Un proyecto de cambio institucional concretado en instrumentos para el ejercicio colectivo de la democracia participativa puede mejorar la situación de muchas personas, pero más que probablemente existan también perjudicados. La formulación y activación de un proyecto de cambio institucional no implica su realización a ultranza y al pie de la letra. Siempre tiene que estar abierta la posibilidad de modificar el plan de mutuo acuerdo. Sería un error creer que en una propuesta tan delicada sólo se trata de elaborar proyectos de cambio y luego aplicarlos tal cual. En realidad, en el transcurso de la ejecución los involucrados adaptarán continuamente detalles. Incluso pueden modificarse orientaciones básicas y objetivos,)si bien lo normal es que persistan durante un período largo de tiempo. Tampoco se trata que a fuerza de planificar y replanificar se olvide el trabajo propiamente dicho. Mucho menos debe permitirse que se piense que “todo vale” para alcanzar objetivos trazados. Por ejemplo, no es para nada superfluo quién plantea las preguntas y quién define los métodos según los cuales se desarrollará el proceso de trabajo. ¿Quién teoriza y quién actúa? ¿La gerencia? ¿El equipo inicial? ¿La institución? ¿Los grupos destinatarios?

 

Objetivos comunes para ámbito y equipo 

 

Si se formula un modelo de gestión participativo es porque se trata de poner en marcha procesos de cambio trascendentes tanto en las personas cuanto en la organización. Los procesos de cambio son de hecho políticos, porque tienen que ver con un reordenamiento de las relaciones de poder entre distintos actores involucrados. Tienen que ver con qué recibe quién, y cuándo. En una situación de este tipo hay que abandonar la idea de que “el experto” o la gerencia “manejan todos los hilos”. No es cuestión de tratar de abarcar la complejidad en todos sus detalles, ya que esto provoca confusión y hace que perdamos el hilo. Por el contrario, se trata de elegir algunas relaciones particularmente importantes y simplificar en la mente el esquema, a fin de poder actuar con claridad. Esto es lo que en teoría de planificación se llama reducción de la complejidad. Todos los métodos de planificación intentan identificar modelos recurrentes dentro de la complejidad infinita de las relaciones humanas. En este sentido, no debemos engañarnos y actuar como si en la microzona de relaciones sociales objeto del cambio no hubiera interrelaciones y relaciones jerárquicas de poder, feudos institucionales, juegos de la supervivencia, rumores insidiosos, pruritos orientados a la salida individual, o como si conociésemos al dedillo las reglas del juego imperantes en cualquier aspecto de la vida social cotidiana de cualquier escenario social.

Los objetivos sirven para orientar a los actores involucrados y son un aspecto fundamental de un modelo de gestión participativa. La gerencia institucional está obligada a comprobar de tanto en tanto si siguen teniendo sentido y si aún corresponden a lo que quieren y pueden y a lo que les está permitido a las instancias involucradas en el ámbito de acción institucional: la organización y los grupos destinatarios. De lo contrario, se invertirá la lógica de la orientación por objetivos —subyacente en el nuevo modelo de gestión democrática participativa— los objetivos perderán sentido y en lugar de movilizar paralizarán todo el proceso. ¡El cumplimiento de planes se transformaría en un fin en sí mismo! Los objetivos deben ser realistas, viables, y se deben alcanzar con los recursos disponibles dentro de las condiciones generales actuales. Naturalmente, no es necesario que cada área de trabajo o grupo de involucrados suscriba todos los objetivos. Tampoco tiene sentido práctico incluir en la formulación de objetivos todos los objetivos políticamente deseables para protegerse contra cualquier contingencia. Lo mejor es establecer claramente qué se pretende conseguir colectivamente y qué no.  

Un objetivo constituye la proyección a futuro de una situación que los involucrados consideran deseable. Un objetivo formulado colectivamente en el ámbito institucional enfoca la atención de todos los actores involucrados en un proyecto en los procesos concretos que deben suceder de ahí en adelante para alcanzarlo. Los objetivos definen efectos futuros reales del proyecto en la vida de los involucrados. Definen cambios. No obstante personal, usuarios, clientes, beneficiarios vinculados a la actividad institucional no son meros receptores pasivos de las prestaciones institucionales, de metas o de ámbitos participativos formuladas entre cuatro paredes por la gerencia. La “gente” es de hecho un grupo de actores sociales que quieren y deben participar en la decisión de hacia dónde debe dirigirse su propio cambio, su propio desarrollo social. La función del objetivo no debe ser de ningún modo imponer un criterio institucional sino lograr una perspectiva conjunta con respecto a un proceso de cambios impulsado colectivamente. Por tanto, el objetivo principal, la meta, debe describir el cambio que quieren lograr los propios grupos destinatarios, es decir, las personas hacia las cuales se dirige la actividad institucional. 

Esquema general de trabajo 

Al comienzo de la implantación del proyecto de cambio de la gestión institucional orientado a la participación democrática, seguramente surgirán una multitud de preguntas. Por ejemplo:

  • ¿De qué proceso de cambios se trata?

  • ¿Llegó la cubanización y el comunismo?

  • ¿Cuál es la orientación común para todos los involucrados?

El equipo inicial debe considerar de manera diferenciada quién concretamente persigue qué objetivos dentro del ámbito participativo definido, y si se puede llegar a un compromiso común sostenible a largo plazo, porque todos los grupos involucrados no son necesariamente homogéneos. Pongamos, por ejemplo, un proyecto de apoyo a organizaciones autónomas de las masas. Los intereses de las federaciones de cooperativas no coinciden automáticamente con los de las asociaciones de vecinos, ni los de productores audiovisuales independientes con los de comités de usuarios de la ley Resorte. Ahora bien, ¿pueden definir un objetivo común sobre el cual estar de acuerdo? Un objetivo asumido en común resulta de un compromiso negociado entre los diversos grupos, y las negociaciones requieren tiempo. El objetivo/meta del proyecto para el ámbito participativo:

  • tiene que corresponder con lo que quieren los grupos destinatarios involucrados, coincidir con sus valores y a sus esperanzas.

  • tiene que orientarse hacia lo que pueden, de lo contrario sólo conducirá a decepciones y desaliento. Sólo se podrá alcanzar si las personas y organizaciones involucradas toman ellas mismas la iniciativa y asumen responsabilidades concretas.

  • Tiene que tomar en cuenta lo que le es dado hacer, lo que es viable tal como está definido por las condiciones generales respectivas. 

Es importante distinguir entre los aportes metodológicos e instrumentales que se harán a la realidad actual y los efectos que éstos deben generar. Los expertos y el proyecto de cambio mismo pueden “garantizar” sus propias contribuciones, pero no los efectos que resulten de ellas. ¿Hasta qué punto llega la responsabilidad de cada uno de los grupos involucrados? Por eso es tan importante centrarse incansablemente en los efectos finales de la actividad institucional sobre los destinatarios: beneficiarios, usuarios o clientes. Tomar el punto de vista del cliente. De lo contrario, se corre el peligro de que la actividad institucional gestionada con democracia participativa se transforme en un fin en sí mismo. Un esquema de democracia participativa tendrá éxito si los grupos destinatarios y la organización gubernamental lo aceptan y se movilizan activamente en pro de la meta que se desea lograr. Nadie debería planificar un proyecto de cambio sin saber a quién afecta el proceso que procura apoyar y qué piensan los propios afectados al respecto. De ahí que un proceso de cambios adecuado debe llevarse a cabo simultáneamente “desde abajo” y “desde arriba”, tomando siempre como vector común el punto de vista del usuario o beneficiario final. Debe cambiar el personal, pero también deben cambiar los supervisores. Ahora bien, muchos objetivos institucionales suelen estar prefijados, sobre todo cuando se trata de instituciones gubernamentales dependientes de otras. ¿Dónde, cuándo y cómo se puede iniciar un cambio institucional orientado a la democracia participativa? ¿Se depende de un oficio numerado para iniciarlo? También las organizaciones involucradas o la gente común actúan de acuerdo a orientaciones preestablecidas, incluso si un objetivo superior concreto, participativo y solidario,  aparece en el curso del trabajo. Desde la perspectiva del equipo central, las metas y los objetivos superiores son determinados “desde arriba” y fijan el marco en el que se puede diseñar el trabajo, pero cuidando al mismo tiempo que pueda participar el mayor número posible de personas y organizaciones afectadas por medio de herramientas adecuadas. ¡Se está impulsando un cambio profundo para todo el mundo! El equipo central deberá decidir, a partir de la situación dada, en qué medida es necesario y posible trabajar “desde abajo” para asegurar que el punto de vista de los grupos involucrados y destinatarios sobre su proceso de desarrollo sea adecuadamente incorporado al nuevo modelo de gestión.

Componentes del trabajo del equipo inicial

 

1. Análisis de involucrados

El análisis de los involucrados se centra en los principales actores, sus intereses y sus objetivos, sin olvidar para nada sus interrelaciones. La idea es examinar la realidad social concreta y su microfísica del  poder. Los principales actores no son sólo organizaciones y grupos beneficiarios, sino también perjudicados. En el análisis de los involucrados hay que tener en cuenta que es muy fácil equivocarse sobre la forma de ver el mundo y los intereses específicos de otras personas, si no se les pregunta directamente. Muchos proyectos parten de suposiciones erróneas, como por ejemplo: “La población se beneficia si se le suministra agua potable; por lo tanto, apoyará el proyecto, aunque no entienda nada de higiene”, o: “La reforma económica es racional, de modo que los empresarios estarán de acuerdo”. Cuando estas suposiciones no son acertadas, el proyecto de cambio fracasa. Es preciso permitir sin falta que los propios afectados expresen de forma diferenciada su parecer. El equipo inicial tendrá que distinguir entre involucrados activos y pasivos. Muchos propuestas de gestión participativa intentan transformar inútilmente a involucrados pasivos en participantes activos. No hay que hacerse ilusiones de que los involucrados actúen inmediatamente con entera independencia e irrevocablemente, ya que todos están integrados en sus respectivos contextos sociales. Quien no tiene esto en cuenta, corre el peligro de crear un “limbo participativo”, que tras la retirada del apoyo externo volverá a ser absorbido por la influencia del entorno.

2. Análisis de problemas

Los problemas no existen independientemente de las personas que los tienen. El que una persona perciba algo como problema y esté motivada para solucionarlo dependerá de la presión que el problema ejerza sobre ella. No todo problema se hace sentir ni aflora a la conciencia automáticamente. Si los grupos destinatarios u otros involucrados no perciben como problema un problema “objetivo” —por ejemplo los contenidos irresponsables en las emisiones de televisión— no se van a movilizar ni por la Ley Resorte ni por las organizaciones que promueve. Del mismo modo, si los participantes en un taller no logran detectar el síndrome de la solución individual  como problemático e inviable, seguramente no se suscribirán a modelos alternativos. Ahora bien, con frecuencia se define un problema en términos de la falta de determinados medios que podrían servir para resolverlo: falta de crédito, falta de semilla, ausencia de regulaciones legales, falta de compromiso político, etc. En realidad lo que define verdaderamente un problema es lo que está presente en la realidad y no lo que falta. Hay que evitar confundir un problema existente con la falta de solución, ya que en la aplicación de las herramientas esto lleva prematuramente a una opción determinada sin examinar alternativas. El método de trabajo propuesto parte siempre de la forma de ver las cosas de los afectados y lograr que comparen entre sí distintas perspectivas. Además, no siempre es la necesidad de superar problemas lo que induce al cambio: el deseo de cambiar de profesión, por ejemplo, puede surgir porque aparecen posibilidades atractivas, como sucede en el caso de las misiones. Por ello, la deducción automática de objetivos a partir de los problemas existentes es demasiado limitada, ya que concibe el futuro meramente como una prolongación del pasado. Un potencial, una visión de futuro o un anhelo común pueden ser motores igualmente efectivos para el cambio de la situación actual. Tomar el cielo por asalto.

3. Análisis de supuestos

El análisis de la situación tiene que incluir también los factores relevantes del entorno. Son relevantes todos los factores que ejercen influencia sobre los procesos de contribución al cambio y sobre los efectos esperados que, no obstante, no dependen de los grupos involucrados en el ámbito participativo. Del análisis del entorno se pueden extraer conocimientos sobre condiciones importantes para el desarrollo institucional de la democracia participativa. Éstas incluyen las directivas políticas del país; las condiciones generales jurídicas y económicas; las actividades de otras organizaciones similares; nuevas tecnologías; estrategias sectoriales; características del entorno natural y geográfico, etc. También estos factores cambian. Al encarar el proyecto, se comienza por investigar y delimitar el entorno del proyecto, que al principio es desconocido: el ámbito participativo. En proyectos en curso, las modificaciones del entorno del proyecto son observadas, a fin de identificar sus posibilidades y riesgos. Dentro de ciertos límites, el proyecto puede ejercer influencia más allá de su ámbito. Hay, por tanto, una interacción recíproca. En este contexto, el equipo inicial tiene que volver a analizar la situación frecuentemente durante la ejecución del proyecto. Esto no es fácil cuando se está inmerso en el ajetreo de la ejecución, ya que no se tiene suficiente distancia de lo que sucede, de modo que los árboles impiden ver el bosque.

4. Escenarios alternativos

Los resultados son los productos y servicios aportados por la institución para que puedan producirse los cambios esperados en su ámbito de actividad. Es preciso determinar qué camino es el mejor, para lo cual se debe tener claro de qué modo se podría proceder y cuáles serían las ventajas y desventajas respectivas. El equipo central y los grupos de trabajo sólo pueden percibir las alternativas si logran desprenderse de todo lo pensado hasta el momento y desarrollan posibles escenarios sobre la base de lo que se conoce de una situación. Para la evaluación de alternativas, los involucrados en el trabajo tienen que ganar perspectiva para, por así decirlo, llegar a ver el bosque que forman los árboles. Es necesario alejarse del quehacer y observar el proyecto y la propia actuación a vuelo de pájaro. De ahí la importancia de los “mapas” que propone incesantemente el presidente Chávez: graficación y matemáticas. Por lo general se considera más conveniente el camino que lleva a un objetivo dado con los más bajos costos de inversión y operación. No obstante, a menudo no sirve la comparación de costos sin más, ya que hay que comparar entre sí combinaciones completas de factores. En parte, los criterios de los involucrados están predeterminados por sus sistemas de valores y sus objetivos políticos.

5. Riesgos y supuestos

Pueden existir riesgos en el propio equipo inicial o en su entorno. El cambio proyectado alberga riesgos cuando las partes no se han puesto de acuerdo y realizan esfuerzos en direcciones divergentes. Como en cualquier otra actividad social humana, se corre el riesgo de imponer a la institución concepciones de proyectos que no son compartidas realmente. Estas causas de fracaso endógenas sólo se pueden evitar si se procura ser abiertos, enfrentar la realidad tal como es y manteniendo a ultranza la orientación al usuario de todo el proceso. Otro riesgo interno está dado cuando la organización no cumple con los aportes acordados. En tal caso, hay que preguntarse cuáles son las razones de que eso sea así. ¿No se habían definido los aportes de manera realista? ¿O es que la institución no está totalmente convencida de la concepción, de modo que no quiere invertir mucho? Cuando no se comparten los términos en los que está planteado el proyecto, en el peor de los casos hay que considerar su suspensión. Los riesgos externos también pondrán en peligro el proyecto, pero escapan totalmente o en gran parte a la influencia institucional. Se llama supuestos a los factores externos al ámbito participativo que tienen que estar dados para que un proyecto tenga sentido y sea realista. Si un riesgo se torna realmente amenazador, hay que modificar el proyecto.

6. Indicadores de logro

Los indicadores describen qué significan exactamente los objetivos, resultados y supuestos del proyecto de cambio en términos de cantidad, calidad y tiempo. Son absolutamente centrales para un modelo de gestión participativa. No obstante, no existen indicadores “listos para usar” sino definiciones ad hoc, que serán el resultado de un proceso de consenso y reflejarán el parecer conjunto de todos los involucrados en términos de cantidad, calidad y tiempo de un logro. Si no se definen indicadores precisos habrá repercusiones negativas en la gestión, dando lugar a malentendidos y conflictos, debido a que los involucrados interpretarán de manera diferente el nivel de exigencias o el alcance de los objetivos. Las organizaciones suelen conformarse con comprender los objetivos de manera cualitativa y general, mientras que con esta propuesta queremos saber exactamente lo que queremos lograr con base en cada uno de ellos. También aquí hay que tratar de entender la posición de los demás. Sería un error que el equipo central definiera a ultranza indicadores “porque hay que hacerlo”, aunque los grupos de trabajo no se interesaran por ellos y, en consecuencia, no los respetaran para nada. Los indicadores tienen que describir las características esenciales de un objetivo, de un resultado o de un supuesto, y ser independientes.

En la implantación del ámbito participativo se busca determinar hasta qué punto los grupos involucrados pueden modificar su situación por su propio esfuerzo, y en qué necesitan apoyo externo. Esto permite determinar con mayor claridad la contribución que deben prestar los diversos actores y poner en claro las respectivas responsabilidades. Para distribuir las tareas y responsabilidades hay que aclarar los roles de cada uno y las expectativas de cada uno con respecto a los otros: ¿Cómo se distribuye la responsabilidad de funciones de gestión tales como el diseño mismo del cambio; el cronograma; el seguimiento y evaluación; la elaboración y presentación de informes o el control de avance del proyecto? ¿De quién es el plan? ¿Quién fracasa si el proyecto fracasa? ¿A quién se le echa la culpa? ¿A quién se elogia si el proyecto tiene éxito? ¿Quién paga qué? ¿A quién se le da qué? Estas preguntas no se pueden aclarar de una vez para siempre. Algunas sólo pueden encararse en el momento en que se presentan, y fijando por escrito lo que se acuerde al respecto. Sin embargo, lo más importante es que los involucrados asuman en la práctica lo acordado.

 

En la concreción del cambio de modelo participativo están involucradas muchas personas y organizaciones, estatales y no gubernamentales, de utilidad pública o del sector privado, organizaciones de base u organizaciones de apoyo, de producción y de servicios. Cada una tiene sus propios objetivos e intereses, su propia cultura organizacional. Con frecuencia no es fácil armonizar los distintos intereses. Hay muchos actores involucrados que tienen que ser integrados, ya que sobre la participación y no en la representación se funda la lealtad al proyecto común. La tarea que tenemos por delante es doble: detectar, neutralizar y anular los insidiosos efectos concretos de la coacción ideológica imperial y, simultáneamente, activar conceptos; metodologías y herramientas que, como parte del mismo proceso,  propugnen toma de conciencia y produzcan y reproduzcan teoría y práctica sociales fundadas en la solidaridad y la soberanía nacional.