Efraín Valenzuela  

efrainvalen@cantv.net

Aproximaciones al patrimonio cultural

27 de mayo de 2005

1. PATRIMONIO CULTURAL: MÍNIMA RESEÑA HISTÓRICA.

Quizás dos fechas sean verdaderamente importantes en el momento de caracterizar de manera definitiva la categoría Patrimonio Cultural. Estamos haciendo referencia a la Convención de París del año 1972 y a la Convención realizada, una década después, en México en el año 1982. Entre una y otra, además de que se pasa de un concepto a otro, se incorporan ambas definiciones. Tanto los bienes culturales materiales como los inmateriales pueden ser considerados patrimonio cultural. Definitivamente la categoría  evolucionó hasta alcanzar un concepto más amplio e integral, y el cual  pondera la significación de los estilos de vida. Los bienes culturales intangibles pueden ser considerados potencialmente patrimonio cultural.

Sin embargo, hemos considerado necesario enumerar, por lo menos, en términos generales, lo que el Maestro Dr. Pedro Manuel Guédez definió como Antecedentes Conservacionistas.

Estos antecedentes abarcan, en principio, a:

1.      La Conferencia de Atenas del año 1931.

2.      El Tratado sobre Protección de Instituciones Artísticas y Científicas y Monumentos Históricos. También llamado el Pacto Roerich del año 1935.

3.      La Carta Internacional sobre la Conservación y la Restauración de los Monumentos y de los Sitios. De igual manera, conocida como la Carta de Venecia del año 1964.

4.      Las Normas de Quito del año 1967.

5.      La Convención Concerniente a las Medidas a Adoptar para Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícitas de los Bienes Culturales, correspondiente al año 1970.

Después de la Segunda Guerra Mundial, la preocupación por la conservación  de los bienes culturales de interés social cobró presencia en los diferentes organismos internacionales. Por ejemplo, la UNESCO, creada el 16 de noviembre de 1945, se propone entre sus objetivos velar  por la conservación y protección universal de libros, obras de arte y monumentos históricos y científicos... No obstante, de los distintos antecedentes, cuyo común denominador encontrado se relaciona con la conservación  de bienes culturales de carácter histórico, artístico, científico y monumental, hemos hallado algunos tópicos específicos en cada uno de esos antecedentes de particular significación para la investigación cultural. Nos referimos a:

1ro. En la Conferencia de Atenas del año 1931, específicamente en la Resolución “g” se        establece el interés por mantener al día una recopilación y una lista comparada de las legislaciones internacionales vigentes sobre materia conservacionista. Tal propuesta nos habla de la importancia de la legislación patrimonial

2do. En la carta de Venecia del año 1964 además de caracterizar la noción de monumento  como la creación arquitectónica aislada o el sitio rural o urbano que nos ofrece el testimonio de una civilización en particular, se le otorga carácter excepcional a la restauración. Medida importante para emprender un praxis conservacionista.

3ro. En las Normas de Quito del año 1967 cabe destacar, particularmente lo relacionado con la puesta en valor del Patrimonio Cultural, la valorización económica de los monumentos y las medidas legales y técnicas propuestas.

4to. En la Convención referida a las importaciones y exportaciones ilícitas de bienes culturales cabe destacar la definición explícita y dilatada que se hace sobre lo que son los bienes  culturales y el patrimonio cultural. De igual manera, se hace mención a un conjunto de medidas proteccionistas expresada en textos legales y otras figuras jurídicas culturales.

Es indudable que la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, celebrada en París en año 1972, constituye uno de los eventos  significativos en el momento de definir la categoría Patrimonio Cultural. Ésta se relaciona con los Monumentos, Conjuntos y Lugares de valor universal excepcional. En ese sentido, se considera Patrimonio Cultural a los Monumentos: obras arquitectónicas o de pintura monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la  historia, del arte o de la ciencia. Los Conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia. Los Lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza así como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos que tengan valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico. (UNESCO, París: 1972).

Por lo menos, dos observaciones consideramos necesarias hacer:

1ra. El antecedente más inmediato de este concepto sobre patrimonio cultural lo encontramos en la Carta de Venecia, a propósito del II Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos, realizado en Venecia del 25 al 31  de mayo de 1964.

2da. El concepto de Patrimonio Cultural se limita a los bienes culturales tangibles:

Monumentos, Conjuntos y Lugares.

El punto culminante del desarrollo del concepto de patrimonio Cultural lo vamos a encontrar en la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales, realizada en México en el año de 1982, una década después de propuesto el concepto anteriormente analizado. Sin embargo, nos parece conveniente señalar que otros eventos anteceden a la Declaración de México y estarán orientados a la creación de normas específicas e instrumentos internacionales en materia de conservación del patrimonio cultural. Nos referimos a:

1.      La Declaración de Santo Domingo producto de la realización del Primer Seminario Interamericano sobre Experiencias en la Conservación y Restauración del Patrimonio Monumental de los Períodos Colonial y Republicano, llevado a cabo en Santo Domingo del 2 al 8 de diciembre de 1974 y organizado por el Gobierno de la República Dominicana y la Organización de Estados Americanos (OEA).

2.      La 19ª Reunión de la Conferencia General de la UNESCO celebrada en Nairobi en septiembre de 1976.

La realización de la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales entre el 26 de julio y el 6 de agosto del año 1982 representa un  punto culminante para el desarrollo del concepto sobre Patrimonio Cultural. Dentro de los cuatro (4) temas considerados, la caracterización del patrimonio cultural no sólo asimila los postulados propuestos tanto en Venecia como en París, sino que se incorporan los bienes culturales intangibles. La Declaración de México en el principio 23 nos dice: El patrimonio cultural de un pueblo comprende... el conjunto de valores que dan sentido a la vida. Es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo: la lengua, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas.

El concepto de patrimonio cultural no sólo abarca lo que la Convención de París 72 sostenía como tal, los lugares, los sitios y los monumentos, sino que incluye además los estilos de vida de los pueblos, los bienes culturales intangibles y los valores que le brindan personalidad y cosmovisión a las comunidades étnicas. En apenas una década la categoría de patrimonio cultural alcanzó dimensiones verdaderamente revolucionarias. Es este el primer aporte  de la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales realizada en México en el 82 en materia de patrimonio.

Nos dice la Declaración señalada: El concepto de patrimonio ha evolucionado considerablemente desde que se celebró la Conferencia de Venecia. Hoy engloba también todos los valores de la cultura viviente y se concede una importancia cada vez mayor a las actividades que pueden mantener vivos los estilo de vida y de expresión que trasmiten dichos valores. La atención que actualmente se presta a la preservación del patrimonio “no material” puede considerarse como una de las evoluciones más positivas de este último milenio. (UNESCO, Conferencia de México, 1982).

2. LA LEGISLACIÓN PATRIMONIAL DE VENEZUELA. 1945-1993.

La normativa relacionada con el patrimonio cultural en la Venezuela contemporánea data del año 1945. En primer término, la Ordenanza sobre Defensa del Patrimonio Histórico de la Ciudad de Caracas, aprobada por el Concejo Municipal del Distrito Federal, el 21 de diciembre de 1944 y publicada en la Gaceta Oficial de los Estados Unidos de Venezuela, el 21 de abril de 1945. Nº 6.321. En segundo lugar, la Ley de Protección y Conservación de Antigüedades y Obras Artísticas de la Nación, aprobada por el Congreso de la República, el 26 de junio de 1945 y publicada en la Gaceta Oficial de los Estados Unidos de Venezuela (Nº 21.787), el 15 de agosto de 1945.

Muy a pesar de que la categoría Patrimonio Cultural hace su aparición en el escenario mundial alrededor de los años 1945-1948, a propósito de la creación de organismos internacionales, que comienzan a interesarse por el tema, tales como la ONU, la OEA y la Organización de las Naciones Unidades para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), nuestra normativa cultural patrimonial no incorpora la novel definición quedando anclada a las categorías de patrimonio histórico y artístico.

El país tuvo que esperar casi medio siglo, exactamente 48 años, para incorporar, primero, a una Ordenanza y, luego, a una Ley Nacional, el concepto, que se podría calificar de integral, sobre patrimonio cultural. En el año 1992, la Cámara Municipal  modifica la Ordenanza sobre Defensa del Patrimonio Histórico de la Ciudad de Caracas y la transforma en la Ordenanza sobre Defensa y Protección de los Bienes del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Caracas. Quizás, sea posible que el único aporte sustancial de tal modificación vino dado por la sustitución del concepto de patrimonio histórico por el de patrimonio cultural.

Se incorpora por vez primera, en la segunda mitad del período correspondiente a la historia contemporánea de Venezuela, a una figura jurídica cultural, particularmente a una municipal, la categoría de patrimonio cultural. En el año de 1993, el Congreso de la República sanciona y aprueba la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural de Venezuela. Esta ley viene a sustituir a la otrora Ley de Protección y Conservación de Antigüedades y Obras Artísticas de la Nación de 1945.  El país alcanzó sintonía y logró  ponerse a tono con la definición de patrimonio cultural de la década del 80 sólo en el  primer trienio de los últimos diez años del  siglo anterior.

Si bien es cierto que la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural del año 1993 viene, de alguna manera, a modernizar el Régimen Legal de los Recursos Culturales del país, no menos cierto es que desde su aparición como anteproyecto fueron muchas las observaciones que se le hicieron, particularmente aquella que exigía a la norma estar en sintonía con el proceso de distribución territorial del Poder Público. La Ley patrimonial es excesivamente centralista y los grandes ausentes en el texto vienen a ser las regiones y los municipios. Apenas un solo artículo hace referencia a las entidades locales. No obstante, consideramos que el alcance central de esta Ley específica está expresado precisamente en el hecho de que la misma permite al país ponerse a tono con la categoría que sobre Patrimonio Cultural expresara la Declaración de México del año 1982 y permite, de una u otra manera, actualizar el Régimen Legal de los Recursos Culturales de Venezuela.

Quisiéramos ilustrar con mínimos ejemplos algunos logros y potenciales limitaciones de la norma en consideración.  El hecho de que se estableció una enumeración enunciativa de los bienes que integran el patrimonio cultural; la consideración del entorno ambiental y paisajístico como parte integrante del bien considerado patrimonio y  la valorización de los bienes arqueológicos en zonas subacuáticas, particularmente las submarinas, constituyen, entre otros, algunos logros de la normativa patrimonial.

Ahora bien, un conjunto serio de observaciones consideradas a partir de sus potenciales limitaciones nos conducen a proponer una modificación sustancial del texto actual. Afortunadamente el ejecutivo patrimonial nacional ha comprendido el problema y da muestras y disposición para emprender un amplio anteproyecto modificatorio. Definitivamente el Munícipe, en general, y los trabajadores y creadores culturales, en particular, deben participar en la legislación de estos cambios fundamentales que requiere la Ley.

El carácter centralista de la norma, la ausencia de capítulos dedicados a las entidades federales y locales, particularmente los Municipios, la ausencia de una coherente definición de los poderes fácticos patrimoniales, la ausencia de participación de la comunidad cultural organizada, representan, apenas algunas potenciales limitaciones de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural de la nación.

3. LA DIMENSIÓN CONSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL.

CARTAS MAGNAS 1961-1999

 

Uno de los tópicos de indudable y necesaria consideración, análisis y reflexión está relacionado con el concepto de patrimonio cultural expresado en nuestras Cartas Magnas, particularmente las correspondientes a los años 1961 y 1999. En otras palabras, abordaremos el problema conceptual de las Disposiciones Patrimoniales Constitucionales a través de tres líneas de análisis:

1ra. El Concepto de Patrimonio expresado en la Carta Magna del año 1961.

2da. La antinomia que se produce entre la Constitución del 61 y la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural del año 1993.

3ra. El concepto de Patrimonio expresado en la Carta Magna del año 1999.

 

La Carta Fundamental del año 1961 heredó las categorías y las definiciones  que sobre la materia fueron expuestas en  toda la legislación patrimonial tanto de la municipal, que data del año 1944, como de la normativa específica nacional, del año 1945. En Venezuela la legislación positiva no ha sido clara en cuanto a determinar el concepto de patrimonio cultural. Lo común ha sido referirnos al patrimonio artístico y al patrimonio histórico. ( Guédez, 1991 p. 32).

 

En el Artículo 83 de la Carta Magna de 1961 podemos leer: El Estado fomentará la cultura en sus diversas manifestaciones y velará por la protección y conservación de las obras, objetos y monumentos de valor histórico y artístico que se encuentren en el país... (s.n)

 

El citado Artículo, el cual representa una disposición patrimonial constitucional, se refiere, exclusivamente, a los bienes culturales materiales y tangibles  al señalar a las obras, monumentos y objetos. La segunda expresión el Texto Fundamental está en sintonía, de alguna manera, con el concepto de patrimonio cultural sugerido en la Convención de París en el año 1972. Lo, definitivamente, cierto es que  el Texto Constitucional es categórico cuando precisa la dimensión  histórica y artística de tales bienes. La Carta Magna del 61 maneja, desde el punto de vista conceptual, las categorías de Patrimonio Artístico, Patrimonio Histórico, e incluso el de Patrimonio Monumental.

 

El precepto constitucional patrimonial venezolano expuesto en la Carta Magna de 1961, si bien es cierto, como hemos afirmado anteriormente, está en relación, de alguna manera, con la definición de Patrimonio Cultural promulgada por la Convención de París de 1972, y la cual sería sancionada y aprobada por el entonces Congreso de la República, luego, como Ley Aprobatoria de Venezuela, más de dos décadas después, en el año de 1995, no menos cierto es, y no cabe duda, que tales Disposiciones Patrimoniales Constitucionales requerían ponerse a tono con la categoría que sobre Patrimonio Cultural se formuló en el marco de la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales, realizada en México de 1982. El concepto de patrimonio ha evolucionado considerablemente...

 

Venezuela, desde 1993, posee una Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural de la Nación, la cual colocó a tono a la normativa patrimonial con la nueva categoría que sobre patrimonio cultural a nivel internacional se venía exponiendo y asimilando, y que paulatinamente ha sido incorporada a las Cartas Fundamentales de los países del mundo y  de América Latina, particularmente en algunas Constituciones de las naciones signatarias del Pacto Subregional Andino. De igual manera, la Ley de Patrimonio de Venezuela viene a enriquecer al Régimen Legal de los Recursos Culturales, régimen definitivo, en gran medida, en la  constitución, organización y funcionamiento de los poderes públicos culturales de la nación.

 

Sin embargo, no existe una total sintonía entre los postulados patrimoniales de la Carta Magna y los expuesto en la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural de la nación. El concepto de Patrimonio Cultural de la Ley incluye a las definiciones Patrimoniales Constitucionales del 61, empero las categorías patrimoniales del Texto Fundamental no asimilan ni incorporan, de ninguna manera, al concepto de Patrimonio Cultural expuesto en la Ley del 1993. Existe una verdadera antinomia entre las categorías de patrimonios artístico e histórico expresado en la Constitución del 61 y el concepto de patrimonio cultural manejado en la Ley  de Patrimonio del  93.

 

Venezuela arriba al año 2000 y al nuevo milenio con una novel  Constitución. Al analizar, en términos generales, a la cultura en el nuevo Texto Fundacional nos encontramos con el establecimiento del rango constitucional del derecho a la cultura, así como un profusa presencia del término en el Texto en comparación con las apenas cuatro (4) veces que aparece en su homóloga del año 1961. Hemos encontrado 22 logros contra 14 limitaciones en la Carta Magna del año 1999 en materia cultural.

 

Ahora bien, nos convoca el análisis de las Disposiciones Constitucionales Patrimoniales. En el Capítulo IV: De los Derechos Culturales y Educativos, particularmente en el Artículo 99 podemos leer: El Estado garantizar la protección y preservación, enriquecimiento, conservación y restauración del patrimonio cultural, tangible e intangible, y la memoria histórica de la Nación. Los bienes que constituyen el patrimonio cultural de la Nación son inalienables, imprescriptibles e inembargables. La Ley establecerá las penas y sanciones para los daños causados a estos bienes.

 

Venezuela alcanzó, constitucionalmente, ponerse a tono y en sintonía conceptual con la categoría Patrimonio Cultural expresada en la Declaración de México 82. El postulado anterior constitucional sobre patrimonio  permite superar la contradicción que había surgido entre la Ley de Patrimonio de 1993 y la Carta Magna del año 1961. Dos observaciones, por lo menos y en principio, pudieran hacerse:

 

1ra. La protección y preservación, enriquecimiento, conservación y restauración del patrimonio cultural es un competencia concurrente del Estado venezolano. En consecuencia, esta competencia es inherente a las entidades federales (los Estados), a las  entidades locales (los Municipios) y al Estado-Nación.

 

2da. Desde el Texto Fundamental es posible comprender a la Protección y Defensa del Patrimonio Cultural como una de las líneas estratégicas de la política cultural del Estado  venezolano, también, a todos sus niveles.

 

4.   PATRIMONIOS CULTURALES VIVIENTES:

(Una Experiencia en el  Estado Sucre. Período 1993-1996)

Quizás uno de los elementos resueltamente revolucionarios que integran la categoría de Patrimonio Cultural sea la valorización de los modos de vida de las sociedades, sus maneras de ser y de comportarse, sus sistemas de valores religiosos y éticos. De esa manera, el patrimonio de un pueblo se encuentra en la vida cotidiana, que las comunidades étnicas realizan en su diario devenir. Su cosmovisión y su personalidad cultural definen su sentido de pertenencia, su identidad, su relación con los otros y su manera de asistir a la vida. En una palabra, su cultura.

Entre los años 1992-1993, desde el Departamento de Legislación Cultural  de la Comisión Permanente de Cultura del Concejo del Municipio Libertador, iniciamos el estudio del concepto de Patrimonio Cultural, a la luz de los valores de la cultura viviente, y su posible relación con un conjunto de Cultores Populares, los cuales siendo fundamentalmente Creadores, además experimentaban un situación de abandono por parte de los poderes fácticos públicos culturales. Las preguntas surgían atropelladamente: ¿Cuál reconocimiento era posible otorgarle a esos Cultores Populares como Creadores? ¿Cómo proteger y asegurar, de alguna manera, su obra trascendente y su actividad creadora? ¿Cuál podría ser el reconocimiento social que los dignifique como parte de su  microlocalidad? ¿Cómo asistir a los Cultores Populares en términos de establecer, de cierta manera, un tipo de protección jurídico-social?. ¿Era posible instrumentar una propuesta de tal naturaleza desde una instancia fundamental legislativa? ¿Cuál sería el costo presupuestario de un reconocimiento especial para los Cultores Populares que tuvieran la categoría de Patrimonio Cultural Viviente?. ¿Qué entendemos por Patrimonio Cultural Viviente?. ¿Cuál es su base legal?. ¿Cuál puede ser su fundamentación conceptual?.

Tuvimos la oportunidad de dirigir la rama ejecutiva cultural en el Estado Sucre, durante el período 1993-1996. Al establecer las líneas básicas y estratégicas de la política cultural del Estado definimos, entre otras, a la protección y defensa del patrimonio cultural y a la investigación cultural como parte de la misma. De igual manera, establecimos al Campo Cultural Residencial como espacio vital para instrumentar la gestión cultural del gobierno regional.

Una de las primeras tareas se relacionó con el registro de los creadores populares en cada Municipio. Previo al reclutamiento de un personal de la institución, cuya condición académica se caracterizaba por ser tesistas, licenciados y técnicos superiores, así como docentes, fundamos el Centro de Investigación Socio-Culturales del Estado Sucre. Una vez de  instrumentado un proceso agresivo e intensivo de capacitación, alcanzamos a registrar 648 Cultores Populares en 15 Municipios.

Los criterios de clasificación se orientaron a evaluar a los Personajes Populares y a los Cultores Populares. Éstos últimos poseedores de una obra y como condición sine qua non ser Creadores. Los únicos que podían llegar a la condición de Patrimonios Culturales Vivientes serían aquellos Creadores Populares o Cultores Populares con una obra de, por lo menos de 25 años de trabajo. La clasificación y estudio resultó arduo. La labor la  instrumenta el Lic. Ricardo Mata y su equipo de investigación, bajo la coordinación general del Director de Cultura del Estado.

Realizamos dos (2) Declaratorios sobre los Patrimonios Culturales Vivientes del Estado Sucre, primera entidad federal en Venezuela en llevar a cabo desde una gestión cultural gubernamental un reconocimiento de esta naturaleza. El total alcanzó a 139 Cultores Populares declarados Patrimonios Culturales Vivientes. Ello implicaba un bono de  mérito vitalicio y la atención médico-hospitalaria y dotación de medicinas totalmente gratuita. Además de su respectiva condecoración. Los Cultores cuyas posibilidades de subsistencia estuviese resuelta solamente se le otorgaba el reconocimiento. El aporte de la categoría Patrimonio Cultural sobre la base de la valorización a la cultura viva de un país nos brinda la posibilidad real de dignificar nuestra cotidianidad cultural.

5. PROPUESTAS

1ra. Crear la Cátedra Permanente de Patrimonio Cultural.

2da. Realizar el inventario de bienes culturales tangibles e intangibles en cada una de las Parroquias del Municipio Libertador.

3ra. Instrumentar la Primera Declaratorio de los Patrimonios Culturales Vivientes del Municipio Libertador.

4ta Exhortar al Instituto de Patrimonio Cultural a la realización de un conjunto de talleres para analizar la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural de la nación.

5ta. Legislar con la comunidades organizadas culturales para la elaboración el Anteproyecto Modificatorio de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural de la nación.

6ta. Crear las instancias patrimoniales parroquias ejecutivas 7ma.  Crear las figuras de los Cronistas Parroquiales Auxiliares.