Francisco Mieres

franciscomieres@yahoo.com

Cuadernos Nuevo Sur Sudaca

N° 21-22, julio-diciembre 2006

Notas para el simposio sobre deuda ¿Por qué seguimos en el FMI y en el BM?

La verdadera soberanía de los pueblos del Sur pende de su emancipación de los organismos tentaculares del Imperio, que a lo largo de su existir no han hecho otra cosa que defender sus propios intereses, incluidos los de dominación, bajo el velo de instituciones para la ayuda y el “progreso” de esos pueblos.  Francisco Mieres es categórico: salirse del FMI, el BM, etc., y crear instituciones como el Banco del Sur, el Fondo Monetario del Sur y afianzar alianzas estratégicas que se constituyan en verdaderos y sólidos andamios para andar nuestros propios caminos

De nuestro peculiar estilo de hacer política 

La problemática de la integración internacional y, dentro de ella, de la regional latinoamericana, no ha sido sistemáticamente abordada por las autoridades venezolanas (ni las actuales ni las anteriores), como tampoco por el pensamiento académico nacional.   

Los esfuerzos pioneros en tal sentido, de Pérez Alfonso y Pérez Guerrero, aunque resultaron en la creación de la OPEP y de la UNCTAD, nunca fueron asumidos plenamente, ni mucho menos desarrollados por los gobiernos respectivos ni por sus cancillerías, y quedaron como intentos más bien individuales, a los cuales los gobiernos sucesivos sólo prestarían atención marginal u ocasional. 

En el ámbito latinoamericano, también se crearon organizaciones multinacionales, como las de integración comercial, tales como el ALALC y ALADI, así como la CEPAL, OLADE, ARPEL, el SELA  y el Consenso de Cartagena para la deuda externa, pero casi todas han sido sumergidas en la inacción y el olvido sin ninguna resonancia nacional.   

Apenas ahora, gracias al protagonismo excepcional de Chávez, esta problemática ha recobrado actualidad nacional con una repercusión internacional evidente, mas todavía se resiente del abandono y la rutina en que se la ha mantenido por años.   

Las iniciativas del Presidente Chávez frente al ALCA, el intento de articular una alternativa al mismo, de incorporar Venezuela al MERCOSUR y desvincularla de la CAN, así como las propuestas de Petrosur, Petroamérica, Petrocaribe, amén de la II Cumbre de la OPEP que relanzó a esta organización y la proyectó exitosamente, y el esfuerzo conjunto con Cuba para resucitar el Movimiento de los Países no Alineados que acaba de realizar la Cumbre de La Habana, ha obligado a la Cancillería, a otros ministerios del gobierno, así como al Banco Central, a despertar y a moverse bajo el látigo de los compromisos asumidos por el Presidente, que a menudo los pone ante hechos cumplidos.  No obstante, las realizaciones concretas revelan que no es fácil romper, de buenas a primeras, la modorra y la rutina burocrática que se había apoderado de esos organismos.  Buena muestra de ello es la inacción y la indiferencia aparente del Banco Central respecto a los organismos multilaterales de Washington, a los que está conectado, en relación a todas las inquietudes y propuestas reformistas que los rodean y asedian en todo el mundo. 

Por ello sería vano buscar hoy en Venezuela una formulación integral, coherente, documentada en materia de integración, ni una propuesta general de política de integración que sirva de guía al Estado Venezolano en su conjunto en esta materia. Lo que priva todavía entre nosotros es la improvisación, que puede resultar acertada a veces, aunque a menudo genera incoherencias o contradicciones (como las que se generaron en torno a la reunión última de la OMC en Hong Kong.  En verdad, en éstas abunda nuestra política actual.  La cuestión de la deuda externa ha sido y sigue siendo una de las tantas víctimas de nuestro peculiar estilo de hacer política. 

Nuestra bonanza económica 

Al olvido de la deuda externa contribuye la bonanza de que hoy gozamos.  La economía venezolana registra este año un extraordinario ritmo de crecimiento, no sólo por su magnitud, que supera el ya alto del año anterior (10% vs. 9,3%), sino también por su modo y su difusión, pues deriva de un incremento inusitado del gasto público (fiscal y parafiscal  -esto es, petrolero), con múltiples finalidades sociales y de inversión productiva, posibilitado por el aumento excepcional de los ingresos petroleros del Estado y de su principal empresa, PDVSA, fruto a su vez de la elevación sin precedentes de los precios del los hidrocarburos y de los reacomodos logrados con el capital privado en el área petrolera.  En esta favorable coyuntura económica internacional, se han tomado decisiones audaces, y por ende arriesgadas, en procura de aumentar la participación gubernamental en los ingresos petroleros, así como en el manejo directo de las divisas generadas, por un lado, y por el otro, de elevar a niveles nunca vistos el gasto social y la inversión pública. 

Tales audacias, sin duda estimuladas por el hecho de estar en juego a fines de año la reelección presidencial, revisten caracteres anecdóticos sumamente polémicos que dan pie a una acre campaña mediática de la burguesía –dueña también de los medios- fincada en la crítica a la imprevisión y la magnanimidad del Presidente que no piensa en las eventuales caídas de precios petroleros que podría reservarnos el futuro, ni estimula con su prédica socialista la incorporación de la inversión productiva privada a la consolidación de la economía nacional.   

Detrás de estas “preocupaciones” se esconde desde luego la ya crónica política clasista de la oligarquía venezolana, que por muchas décadas ha mostrado su lealtad a las grandes corporaciones transnacionales y a las instituciones financieras garantes del orden monetario capitalista internacional.  Esa lealtad se ha expresado no sólo en el sector petrolero, donde la capa gerencial fraguó toda una red de filiales adventicias a la gran empresa estatal y al segmento gubernamental, tanto dentro como fuera del país, que practicó, so capa de la Nacionalización,  el más voraz parasitismo contra la economía nacional, con lo que lograron poner a esta al borde del colapso y a la empresa pública petrolera a punto para la privatización.   El plan empresarial contra el Estado había ya logrado entregar al gran capital foráneo la empresa estatal de telefonía y comunicaciones (CANTV), así como la empresa líder de la siderurgia: SIDOR.   

Consiguieron penetrar también la cúpula del sector bancario, llegando hasta colocar en la Presidencia del Banco Central a un hombre de Rockefeller, quien de inmediato renunció a sus poderes reguladores de la banca, incluida la fijación de la tasa de interés, y abrió a la banca extranjera las operaciones domésticas, otorgando a los bancos comerciales la más generosa liberalidad que los condujo a una seria quiebra que arrastró a la mayoría de ellos, comprometiendo las finanzas fiscales que debieron pagar a la postre la irresponsabilidad privada con el sacrificio de varios millardos de dólares.  No pocos banqueros culpables optaron por trasladarse al exterior, donde habían depositado previsivamente cuantiosas reservas.  Esta práctica de exportar beneficios no se limita a la burguesía financiera venezolana, sino que se ha generalizado como estrategia de evasión fiscal y de minimización de la inversión real dentro del país.  Como es de suponer,  muchas de las transacciones bancarias resultan invisibles.   

Por tales vías, entre otras, el sector empresarial criollo contribuía, a medida que de más en más se transnacionalizaba, a una descapitalización sostenida y creciente de la economía nacional.  Tal fue la situación que a su llegada encontró Chávez, quien después de un breve período de luna de miel, de presunta cooperación armoniosa con el capital privado, encabezado por su Ministerio de Planificación, tuvo que superar un amargo trecho de aprendizaje desde fines de 2001 hasta comienzos de 2003 que incluyó un golpe de Estado petrolero en dos actos, el cual lo obligó a cambiar su candorosa política inicial  -plagada de concesiones al neoliberalismo-  por la que a partir de entonces se aplica, de creciente intervencionismo y protagonismo del Estado en todos los terrenos, de control de cambio y de precios, de enfrentamientos por los planes agresivos del Imperio, de “misiones” sociales masivas en educación, salud, vivienda, alimentación, cooperativismo, así como seguridad y defensa, de regulaciones en el mercado laboral y en el movimiento bancario.   

El gobierno ha retomado la rienda del sector de hidrocarburos, ha reformado las leyes del ramo, elevando los impuestos y la participación accionaria y tributaria del Estado en los negocios con las empresas foráneas, revisado las condiciones en las filiales externas, diversificando la presencia de capitales extranjeros con firmas estatales, formulando ambiciosos planes de expansión en petróleos extrapesados, gas, petroquímica, carbón, etc., con miras a la cooperación e integración energética con Suramérica, el Caribe, Centroamérica.   

El giro ha sido también dramático en la esfera internacional, signado por el énfasis en la integración regional de América Latina y en la cooperación y la acción conjunta entre los países del sur en general, frente a la dominación y la prepotencia del Norte con sus monopolios transnacionales, su dominio de los organismos multilaterales de regulación, sus organismo de intervención bélica, su dominio en el sistema de la ONU, en especial su Consejo de Seguridad, su dominio tecnológico espacial y su dominación mediática, todo monitoreado por el Grupo de los Siete. 

Por si fuera poco, el discurso de Chávez se ha vuelto abiertamente antiimperialista y anticapitalista, claramente identificado con la causa de Cuba, hasta llegar a proclamar como meta “el Socialismo del Siglo XXI”, el socialismo “bolivariano”, “cristiano”, “indoamericano”, etc.  Por supuesto, un viraje tan radical ha provocado la hostilidad más violenta de las fuerzas del capital, no sólo en Venezuela sino también en Washington y a todo lo largo del mundo occidental.  El escenario principal del enfrentamiento es sin duda Venezuela, pero su alcance y significado es planetario, convirtiendo a nuestro país en epicentro del conflicto geopolítico actual entre Imperio y periferia.  Dada la agresividad de la pretensión intervencionista de Washington, es obvio el riesgo que ello implica. Puede decirse que hoy está en juego, dentro de la coyuntura actual, la suerte del proyecto transformador. 

En tales condiciones, no es de extrañar que el esfuerzo del crecimiento económico de Venezuela descanse casi exclusivamente en el sector público, con notoria ausencia, deliberada, de la inversión privada.  Al llegar al uso de la capacidad productiva máxima, pueden surgir limitaciones o retrasos sectoriales a la expansión ulterior, no siempre fáciles de superar.  Ello será una prueba para la capacidad de previsión de la planificación económica.  Algunos signos de escasez han surgido en el sector construcción, de la oferta de materias primas  -verbigracia el cemento- que han frenado el ritmo de edificación de viviendas, lo cual es un indicador que puede tender a generalizarse. 

Otras secuelas negativas que se han hecho presentes recientemente a través del aumento de precios, ponen de manifiesto no sólo la acción oligopolista comercial privada, sino también las consecuencias de los excesos de liquidez provocados por la erogación inusitada de fondos públicos destinados al gasto fiscal y parafiscal, que a veces desborda la capacidad de ejecución que ha acelerado la tasa de inflación en los últimos cuatro meses, invirtiendo la tendencia bajista incentivada por el Estado.  En verdad, el desfase entre la erogación, la liquidación y la realización del gasto ha generado una sobreabundancia de circulante, especialmente en bancos, que hace presión alcista sobre el nivel de precios.  Por otro lado está el aumento de la demanda de consumo, derivada del sustancial aumento del ingreso, sobre todo de las capas más pobres de la población.  Esta inesperada ola inflacionaria ha obligado al gobierno de cambiar su meta de un dígito para la inflación y aceptar un 15% de incremento de precios para fines de año.  Pero lo importante es que se constituye en el principal desafío para el logro de una de las metas centrales de la política oficial: la elevación del nivel de vida de las mayorías. En una coyuntura electoral como la actual, tal contratiempo ha sido el tema favorito de la campaña opositora y por ende, el asunto más polémico de la contienda. 

Pues bien, hay que decir que los excesos de liquidez generados por el gasto público ha resultado de la modificación introducida por el gobierno en el manejo del aflujo de divisas petroleras, que hasta ahora debían entregarse al Banco Central en su totalidad, donde en buena parte quedaban represadas, elevando la reserva monetaria internacional, mientras ahora una fracción de ella queda en manos de PDVSA, en un fondo disponible para el gobierno con fines de su inversión social y productiva (FONDEN).  Este suplemento puede significar para este año unos veinte mil millones de dólares adicionales, más del 10% del INB.  Ello significa una inyección extra, equivalente a un tercio del gasto fiscal normal.   

Pese a los controles de cambio y de precios, y a la presencia del gobierno como abastecedor en alimentos y otros rubros básicos a precios congelados, amén del recurso creciente a las importaciones (que se han elevado a 26.000 millones de dólares), el alza de precios ha sido ostensible y ha requerido atención y medidas contrarrestantes.  Con el objetivo de absorber parte de la liquidez excesiva, el BCV decidió emitir bonos por 28 días a una tasa del 10%, logrando represar un monto acumulado hasta ahora[1] de unos 50.000 millones de bolívares, lo que sin embargo le ha provocado pérdidas considerables, que a la postre puede resultarle insostenible.  El BCV ha echado mano también de otro medio, duplicando el encaje bancario hasta el 30%.  Por su parte, atendiendo una sugerencia de la Asamblea Nacional, el gobierno aplicó la rebaja del IVA al 13%, disminuyéndolo en 1 punto.  No serían de extrañar nuevos descensos en esta tasa.   

El manejo del flujo de divisas y de las reservas internacionales por parte del gobierno no ha sido polémico sólo dentro de nuestras fronteras: muy recientemente, el FMI ha divulgado cifras y opiniones de contenido crítico sobre la Venezuela chavista.  En primer lugar, desestimando los cálculos del Institutos Nacional de Estadísticas y del Banco Central,  rebaja las tasas de crecimiento de la economía a 7,5%, ubicándola por debajo de la de Argentina sin dar ninguna explicación.  Luego fustiga acremente la dimensión, a su juicio exagerada, del gasto público, señalándolo como el de mayor proporción con respecto al PIB de la América Latina –lo cual es cierto-  pero lo acusa de desviación y disipación, pidiendo explicaciones respecto a su destino y permitiéndose recomendar al gobierno que lo dedique al bienestar social, que es el objetivo principal de nuestro gasto fiscal.  Se evidencia aquí cómo Rodrigo Rato echa de menos los años 1989 y siguientes, cuando se impuso aquí el paquete de “ajuste estructural” del FMI que provocó la explosión social del “Caracazo” y alimentó los intentos de insurrección militar/popular de febrero y noviembre de 1992.   

El FMI pasa por alto un fenómeno especial que ha permitido el excepcional incremento de las erogaciones fiscales, aparte el que se debe al aumento de los ingresos petroleros, es decir, las reformas de las relaciones del Estado con las empresas contratistas y socias que han elevado sustancialmente el nivel de los impuestos petroleros.  Tal factor ha incrementado la percepción del país por concepto de hidrocarburos en 26.000 millones de dólares este año, según datos del Ministro de Energía y Petróleo.  Las nuevas empresas mixtas consagran la mayoría accionaria de PDVA de 51% en crudos, la regalía se ha fijado en 33% del valor de producción y el impuesto sobre la renta se elevó al 50%.  Se ha creado así una nueva estructura del sector hidrocarburífero.  Por otra parte, se ha iniciado la revisión en la maraña de filiales y empresas mixtas creadas en el exterior, subsidiadas algunas de ellas por PDVSA, con descuentos entre 2 y 4 dólares por barril de crudo.  PDVSA ha vendido una refinería en EEUU, la LYONDELL, y se ha liberado de compromisos muy onerosos de CITGO, con cientos de estaciones de gasolina que la obligaban a adquirir crudos de terceros, mexicanos en su mayor parte, en montos cercanos a los 20.000 millones de dólares anuales.   

Todo lo dicho debe haber llevado los ingresos brutos de PDVSA por encima de los 100.000 millones de dólares este año, al mismo tiempo de haber aumentado sus márgenes de ganancia, determinando una cifra récord de beneficios y de impuestos pagados al gobierno nacional.  Por otro lado, la reducción de su entrega de divisas al BCV, le ha permitido acumular hasta ahora un fondo de unos 15.000 millones de dólares, de los cuales  4.200 millones se dedicaron a la amortización de la deuda externa, que bajó a 26.300 millones de dólares, y unos 10.000 a proyectos sociales y productivos.   

En cuanto a los efectos sociales de los proyectos, desde el 2003 el número de familias por debajo de la línea de la pobreza (con ingresos igual al costo de la canasta básica normativa), se ha reducido a dos millones de familias -un tercio del total-, mientras que las que sufren pobreza extrema (con ingresos menores al costo de la canasta alimentaria),  bajó en el mismo lapso de 20% al 10%% del número total de familias.  Otro indicador elocuente, en el mismo sentido, es el diferencial de aumento de los ingresos nominales entre las capas sociales, de las más ricas a las más pobres y numerosas, entre 1998 y 2006: A-B: 294%, C: 336%, D: 446%, E: 545%.  Debe añadirse que las capas D y E reúnen el 81% de la población total.    

Como confirmación puede aducirse que Venezuela fue uno de los pocos países que mejoró su calificación en el Indice de Desarrollo Humano del PNUMA, entre 2003 y 2006, debido ante todo a las mejoras sustantivas en la educación de las mayorías y en la distribución del ingreso. 

Sin embargo, debe admitirse que las debilidades señaladas al inicio del gobierno de Chávez han afectado el crecimiento del aparato productivo, especialmente en el sector de la pequeña y mediana industria  -cenicienta de su política económica-  y que en alguna medida explica la insuficiente capacidad de respuesta de la oferta interna al crecimiento extraordinario de la demanda.  Por otro lado,  las perturbaciones abiertas o solapadas en el sector rural provocadas por la resistencia de grandes terratenientes a la reforma agraria, también ha influido en la escasez relativa de alimentos, que son los que experimentan la mayor tasa de inflación.  La nueva política económica procura subsanar tales insuficiencias a corto plazo, por la vía del incremento de la importación oficial o del subsidio, al tiempo que endurece los controles de precios, pero su éxito es muy relativo.  Los correctivos de largo plazo que están en marcha, sin embargo, se toman su tiempo.   

El otro flanco del ataque oposicionista es “la largueza irresponsable” del que el gobierno hace gala al disponer “irreflexivamente” de los volubles recursos petroleros, tanto en el frente interno, y  -sobre todo- en el externo, a través de esquemas integracionistas como Petrosur o Petrocaribe, que otorgan facilidades de abastecimiento a países tan disímiles como Argentina o Brasil de un lado, y El Salvador o Jamaica por el otro, sin hablar de las  “excentricidades” de ofrecer combustible barato a comunidades del Bronx en Nueva York o a ciertas etnias norteamericanas. Llevar tan lejos internacionalmente el combate a la pobreza, hasta el propio seno de las metrópolis del Imperio, rompe los esquemas de la racionalidad convencional del ciudadano medio.  Chávez pretende incluso saltar el Atlántico y llegar ¡hasta Londres!, la Meca histórica del capitalismo, con su audacia sin límites. En verdad, hay que reconocer que ningún gobernante venezolano se había atrevido a llegar tan lejos! 

Por lo que concierne al frente interno, los reproches a la prodigalidad de Chávez en cuanto a créditos e ingresos para amas de casa pobres, ponen el énfasis en la supuesta imprevisibilidad sobre la recaída de los precios del petróleo, anunciada presuntamente por su descenso en los últimos meses. Esto nos traslada a la cuestión más seria de la perspectiva del mercado petrolero, cuya discusión en detalle nos apartaría en demasía del tema que aquí nos ocupa.  Baste decir, por el momento, que ya es indiscutible a estas alturas que el petróleo barato pasó a la historia y que el reto energético de hoy es cómo transitar hacia la fase post petrolera. Ello quiere decir que puede haber altibajos coyunturales de precio, pero que la tendencia alcista es inevitable.   

Un nuevo escenario más favorable, pero… 

Puede entenderse que en el escenario descrito la problemática de la deuda externa no haya ocupado, en Venezuela, lugar prominente, como tampoco el de la inversión extranjera, cuya cuantía se ha reducido ostensiblemente. El segmento que monopoliza el interés es en este momento el de los hidrocarburos. 

Una balanza de pagos ampliamente superavitaria, le ha permitido al gobierno acumular reservas internacionales sin precedentes, de unos 40.000 millones de dólares o más, sin contar las que oculta cuidadosamente el sector empresarial, que pueden quizás igualarla.  La eliminación del monopolio que tenía el BCV sobre el manejo de los flujos de divisas del sector público, y el otorgamiento de atribuciones en este terreno a PDVSA, ha hecho más difícil que antes seguirle la pista a los flujos de fondos del país, pese al control de cambio.  El pago del servicio de la deuda ya no está a cargo del BCV sino del Fondo recién creado. Según las cifras publicadas, la deuda externa pública ha caído, como se dijo, a 26.000 millones de dólares este año, equivalente al monto de las importaciones.   

Para fines del primer semestre, las cifras oficiales de la deuda interna eran de 14.500 millones de dólares, para un total de deuda pública registrada de 40.800 millones de dólares.  

Los datos correspondientes a 1998, según el Banco Mundial, arrojaban para la deuda externa 37.000 millones de dólares, de los cuales cerca de 7.000 correspondían al sector privado  -cuyas cifras, como ya advertimos, son menos fiables. Para ese momento, cuando Chávez gana las elecciones, la proporción de la deuda externa respecto al monto de las exportaciones del país, según la misma fuente, se elevaba al 173%, y la relación con el PBN al 40%. Por último, la proporción con respecto a la importación de bienes y servicios alcanzaba el 155%. Para entonces, el servicio de la deuda externa llegó, en 1997, a más de 8.600 millones de dólares.   

Para este año, los compromisos de la deuda pública externa deben estar en torno a los 3.000 millones de dólares. La comparación de las  magnitudes actuales del endeudamiento con las de la macroeconomía venezolana señala claramente  la holgada situación externa conseguida por el gobierno. No se trata de un fruto directo del manejo de la deuda, sino más bien de las consecuencias de la acción en la OPEP y de la redefinición de las relaciones ya explicadas con el capital petrolero transnacional.   Por su parte, la mayor empresa del Estado, PDVSA,  que había contraído una deuda que alcanzó los 6.000  millones de dólares a través de su principal filial en EEUU, la CITGO, ha anunciado recientemente haberse liberado de la misma, lo que le ha permitido independizarse de la contraloría de la Comisión de Valores de aquél país. Si así fuera, la reducción de la deuda externa del sector público sería aún mayor. 

En todo caso, salta a la vista en el caso venezolano la abundancia de liquidez internacional que le ha permitido al gobierno adquirir cerca de 2.000 millones de dólares en bonos emitidos por el Estado argentino, los que a su vez recolocó en el mercado interno. 

Por otra parte, es evidente la expansión de la deuda interna del sector público, como lo atestiguan las cifras mencionadas sobre las sucesivas emisiones del BCV. Las causas de tal expansión, a mi juicio, no se originan en requerimientos de un déficit fiscal provocado por el afán de aumentar el gasto, ya que al tomar en cuenta el aflujo extraordinario de ingresos petroleros al FONDEN, el sector público en su conjunto resulta obviamente superavitario. Como se reseñó, la secuela negativa de las abundantes erogaciones ha sido la acentuación de la inflación, que a su vez motivó las operaciones del mercado abierto del BCV y el costo involucrado. Es aquí donde debe buscarse la motivación del asunto.  Ahora mismo se anuncia una nueva emisión de bonos por parte de PDVBSA, por un monto de 3.500 millones de dólares pagaderos en bolívares y recobrables en dólares, con la finalidad de represar los excesos de circulante aún existentes, con la misma intención de domeñar la inflación.   

Otros elementos de la política de integración del sur se han subestimado lastimosamente.  No pocas reivindicaciones, del “nuevo orden económico internacional” planteados en la ONU a mediados de los años 70 del siglo pasado por el Grupo de los 77 páises del sur, fueron “toreadas” exitosamente por las potencias septentrionales.  Los países de la OPEP, entre ellos Venezuela, que habían logrado multiplicar sus ingresos tras los aumentos de los precios del petróleo, y supuestos líderes de la “rebelión del sur”,  cayeron mansamente en las redes financieras del FMI y del Banco Mundial, entregándoles a bajísimo costo sus excedentes de ingresos.   

Esos fondos baratos fueron distribuidos generosamente por los mellizos de Bretton Woods entre los países subdesarrollados, más requeridos que nunca de divisas debido al encarecimiento de su factura petrolera.  Ello fue el inicio de la trampa de la deuda externa, cuando las tasas de interés fluctuantes fueron incrementadas desconsideradamente por la cúpula de Washington.  Irónicamente, aún ciertos países exportadores de petróleo que se endeudaron vorazmente, se encontraron de pronto atrapados en la insolvencia.  Tal fue el caso de México en 1982, con la “crisis del tequila”. 

Pese a su presunto protagonismo en la OPEP y en las negociaciones del “nuevo orden económico internacional”, y pese al Consenso latinoamericano de Cartagena del SELA, Venezuela tampoco escapó a la trampa de la deuda, y en 1989 sus dificultades de pago la llevaron al FMI en procura de ayuda, aceptando el Programa de Ajustes Estructurales impuesto por éste.  La rebelión de Caracas en contra de su aplicación fue el inicio del proceso que a la postre llevó a Chávez al poder. Entre tanto, el mundo se había hundido en la onda neoliberal y en la globalización corporativa.  Todo el movimiento reformista había sido olvidado y enterrado. 

Ahora vivimos una nueva coyuntura favorable, de déficit, endeudamiento y debilitamiento de la economía norteamericana, que colocan en riesgo sin precedentes al Imperio, sobre lo cual no abundamos porque ha sido estudiado a cabalidad por Eric Toussaint.  Las amenazas que pesan sobre el dólar son serias. Si China, Rusia e India se atrevieran a romper el “equilibrio inestable ”del terror financiero del que pende el dólar, para no hablar de la zona euro, el orden regido por Washington y sus multilaterales financieras podría revertirse dramáticamente a favor de los deudores del Tercer Mundo. Amén del Foro Social Mundial como convergencia original de fuerzas sociales globales en pro de un mundo mejor, comienza a renacer también el Movimiento de Países no Alineados. Han estado resurgiendo propuestas y proyectos que aparecieron en aquella coyuntura y que tuvieron su más acabada expresión en el “Reto del Sur” aprobado en Caracas en 1990, y que Chávez acaba de evocar en la Cumbre de La Habana. Entre otros propósitos, allí se exponía el proyecto del Banco del Sur del cual se ha vuelto a hablar una y otra vez en esta ciudad, v.gr. en la reunión de presidentes de bancos centrales de varios países de Suramérica, sin que se hayan dado a conocer los resultados de la misma. Se ha mencionado también repetidamente la posibilidad se sustituir el dólar por el euro en las transacciones petroleras del Medio Oriente, las campañas por el desconocimiento y desafiliación al BM y FMI han arreciado, y los desacuerdos en la OMC sobre la Ronda de Doha la tienen paralizada.   

En suma, parecen estarse recreando las condiciones que propiciaron en los años ’70 la lucha del Sur por un nuevo orden económico internacional, pero ahora en circunstancias mucho más favorables. Sólo que la experiencia de entonces y la de ahora demuestran que las decisiones conducentes a la gran reforma posible no pueden dejarse en manos de los altos burócratas del Estado y sus círculos cerrados, sino que deben asumirla los pueblos.

Notas

[1] Septiembre 2006