Nicmer N. Evans

Politólogo y profesor de la UBV

nicmerevans@yahoo.es

El estado, la democracia, la ciudadanía, la sociedad civil y la participación. Elementos básicos para la comprensión de los procesos políticos. Caso Venezuela [1] 

Caracas, 2003. Actualizado, 2005

INTRODUCCIÓN

Cuando un investigador o estudioso de las Ciencias Sociales, y en específico en el área de los Estudios Políticos, pretende abordar la definición, comprensión y articulación de los actores y a su vez pretende desentrañar los procesos políticos que se generan entre los actores políticos en sí mismos y con otros actores dentro de la dinámica de los movimiento sociales, es necesario en primera instancia analizar el medio donde estos se desarrollan.

Es por ello que, el objetivo del presente texto, es introducir el concepto de “Estado” como el espacio básico de desarrollo de los actores y los procesos políticos, y ver “La democracia” como un proceso generador de articulación y rearticulación de actores en torno a un espacio pertinente, que surge como consecuencia de la incapacidad del Estado de satisfacer todas las necesidades de los distintos actores distintos a él mismo, léase, Sociedad Civil, y como el proceso de participación se gesta en este espacio, incidiendo en el resto de los actores y procesos descritos.

EL ESTADO COMO MACROMARCO

Sin pretender elaborar un tratado sobre El Estado, la concepción del mismo, a partir de distintas visiones, se inicia como necesidad de preservación del orden en pro de la convivencia del hombre. Es, podríamos decir, una suerte de creación que va más allá de él mismo y que pretende, a partir de aparatos humanos, asumidos además como instituciones, ejercer el control a través de distintos dispositivos, que van desde la fuerza hasta la persuasión.

Históricamente el Estado ha pasado de ser una Ciudad-Estado, con dimensiones específicas en cuanto a su territorio y habitantes, [espacio físico idóneo para 50.000 habitantes], o un gran animal que esperaba al borde de un mundo considerado plano para tragar a quien transgreda los límites (el Leviathan), a ser considerado en la actualidad como nos diría Araujo (1997):

“...un conjunto diferenciado y permanente de instituciones (administrativas burocráticas, legales, extractivas y coercitivas), enmarcadas en un territorio geográficamente delimitado –al que se denomina sociedad-, dentro del cual logra ejercer el monopolio de la creación de normas colectivas vinculantes, gracias al respaldo que le otorga el control monopólico de los medios de violencia y coerción. Nótese respecto de esta definición, que si bien realza el monopolio del uso de la fuerza como medio exclusivo del Estado y respaldo último de sus acciones, el elemento funcional predominante en la definición no es el ejercicio de la fuerza sino el monopolio de la creación de aquellas normas que comprometen el conjunto de la sociedad. El Estado y las instituciones en las cuales éste cristaliza, no adquieren centralidad dentro del territorio única o primordialmente gracias al monopolio de la fuerza, éste es, ante todo, un instrumento para el cumplimiento de su función esencial: la creación y mantenimiento de un cierto orden interno, capaz de tomar previsibles y a la vez garantizables y confiables las interacciones sociales” (pág. 122).

Algunos autores utilizan el recurso de la negación como vía para la definición de Estado, o incluso la contraposición de conceptos para su interpretación. Sobre este recurso Cunill (1997) -refiriéndose a lo público y las relaciones Estado / Sociedad, nos comenta que:

“... al eje público/político/colectivo se agrega lo estatal y al privado/particular se adereza lo social y lo económico. La reificación del Estado como esfera de lo público oculta, sin embargo, el problema, enunciado radicalmente por Arendt: la cuestión de la organización de la sociedad como asunto que incumbe a sí misma. De hecho, este es el primer punto a destacar: existe una función pública radicada en lo social que adquiere relevancia máxima en tanto el gobierno de los asuntos de la colectividad es escindido de la sociedad, radicándose en el Estado. Esta función público-social se torna clave en la medida en que los intereses de uno y otro eje pueden divergir, plasmándose precisamente en la mediación entre ambos. Su ejercicio supone pues que existe un campo de tensiones entre Estado y -sociedad y a la vez una demarcación en su relación con la política.” (págs. 9-10).

“En este sentido, la función política primigenia de la sociedad se traduce en la crítica y control sobre el Estado. Por ende, respecto de la política institucionalizada en el Estado, la función pública en lo social se despliega en una relación regulativa y no constitutiva.” (pág. 10).

Esto implica que, el Estado es una figura construida por el proceso de organización social, para su auto control, que posee la facultad de establecer el orden y el control, pero que a su vez se debe a la sociedad en cuanto a sus objetivos y limitaciones, y la manera de mediar entre estas dos instancias es a través de la política.

Es importante que mantengamos esta idea de relación primigenia de la sociedad sobre el Estado en cuanto a la crítica y control, ya que esto nos llevará posteriormente a un punto de coincidencia importante en la ruta que he decidido seguir.

LA DEMOCRACIA Y SU VINCULACIÓN CON EL ESTADO

Hablar de democracia implica tomar como punto de referencia a los griegos, quienes negados desde un plano intelectual a este régimen como el mejor tipo de gobierno, encontraron en su práctica el último soporte para el mantenimiento de las -ciudades- Estados (última estructura organizativa de la cultura helénica). Es así como Aristóteles dentro de su clasificación de tipos de gobierno hablaba de la democracia como aquel sistema o régimen político, que masificaba la toma de decisiones trascendentes para la ciudad, lo que generaba la participación poco discriminada de hombres poco actos para tomar las decisiones adecuadas. Es interesante como hoy en día, la concepción de la democracia como parte del transcurrir del tiempo y llevado de la mano por los cambios sociales  que se han gestado dentro de las relaciones humanas, ha conducido a la idealización de la democracia como el mejor tipo de gobierno, entre otras cosas debido al aumento desproporcionado de la densidad poblacional, que no permite concebir al Estado como una ciudad Estado griega.

Podríamos considerar entonces que la democracia es un tipo de gobierno, puesto en práctica en un Estado definido, que parte de elementos como la igualdad, la libertad, y la norma como base para garantizar la mejor calidad de vida posible. Es sin embargo pretencioso simplificar la democracia en un juego de palabras, ya que esta también implica la tolerancia, el pluralismo, y las condiciones idóneas para el desarrollo de este tipo ideal. Por otra parte es evidente que la democracia depende de una estructura que garantice estos principios, y es ahí donde el Estado se presenta como el brazo ejecutor de un proyecto de vida llamado democracia. Sin embargo la posibilidad de ser incompatibles estos dos elementos, democracia y Estado, ha sido ampliamente debatida a lo largo de estos últimos años.

Bejarano (1996), refiriéndose a esto nos dice:

“...si el Estado se convierte en aparato extremadamente poderoso y dotado de recurso, capaz de aislarse de la población en general, difícilmente puede considerarse como un factor favorable a la democracia. Algún punto intermedio debe encontrarse entre un grado necesario de autonomía estatal frente a las clases dominantes, y un Estado tan poderoso que sea capaz de ignorar o aplastar las fuerzas democráticas de una sociedad. La existencia de una sociedad civil densa o fuerte, constituye, sin duda, el antídoto para evitar la segunda posibilidad; en especial, un alto grado de organización y capacidad de presión de los grupos y clases subordinados puede permitirles restringir la acción autónoma de un Estado completamente hermético a sus demandas.” (pág. 139)

Bejarano (1996) complementa este comentario afirmando que la monopolización del uso de la coerción y la fuerza  por parte del Estado, es condición previa y último respaldo de su autoridad, para crear y sostener un orden normativo democrático, vinculante para toda la sociedad.

Teniendo en cuenta estos elementos, podríamos decir que para Bejarano la autonomía del aparato estatal, así como el monopolio efectivo de la coerción por parte del Estado, son condiciones necesarias, aunque no suficientes, para la viabilidad de la democracia.

Por otra parte  Cunill (1997), nos comenta, vinculando al Estado y la Democracia, que:

“Pocas veces la sociedad ha sido tan invocada como en la actualidad. Sin embargo, pocas veces como ahora, ha estado sometida a tan contradictorias tendencias. Fuerzas culturales que impelen hacia rupturas de los lazos de solidaridad social y que reclaman por la primacía de lo individual, tanto como que rescatan el valor de la diversidad social y el respeto a la diferencia. Fuerzas económicas que provocan desintegración y fragmentación social pero que proclaman ofrecer la promesa del crecimiento. Fuerzas políticas que, bajo formas sutiles, inducen la legitimación del autoritarismo, junto con un consenso casi universal sobre la necesidad de la democracia y la libertad. Tras el telón de todas estas fuerzas contradictorias se promueven a su vez la transformación del Estado. El movimiento hegemónico que la invoca, también reivindica la bandera del fortalecimiento de la sociedad. Pero, en el trayecto de los procesos se tensa este propósito y se pone, como nunca, en evidencia la necesidad de dotarlo de contenido” (pág. 1):

“Importantes esferas que incumben al fortalecimiento de la sociedad se ubican directamente en ella misma. Pero otras, también cruciales a ese propósito, emplazan al Estado. La pérdida de dominio sobre las estrategias del desarrollo y las fuentes de inequidades que arraigan en la sociedad, reclaman de un rol de aquél. Más aún frente a los magros resultados de las estrategias que aduciendo la necesidad de devolver el poder social, postulan la necesidad de disminuir el poder del Estado. Cobra así fuerza la noción contraria: el fortalecimiento de la sociedad requiere del fortalecimiento del propio Estado. Pero no ciertamente de "cualquier" Estado, sino de uno que realice los valores democráticos y que reconociendo sus responsabilidades públicas sea capaz de también aceptar sus límites.” (pág. 1-2)

“Acá lo que aparece relevado es que ninguna transformación que intente recuperar las responsabilidades de la sociedad en materia económica, puede prescindir - aunque bajo nuevos arreglos institucionales- de las funciones reguladoras, promotoras e incluso, de prestación directa de ciertos servicios públicos por parte del Estado, si su propósito es el fortalecimiento de la sociedad y no sólo de un segmento de ella, la sociedad mercantil. “ (pág. 2).

Es en este punto donde el análisis de los dos conceptos, Estado y democracia entran en una  paradoja no resuelta, ya que la democracia, concepto que refiere a un tipo de gobierno, montado sobre valores como la libertad la igualdad, la tolerancia, la pluralidad, la diversidad, el respeto a las minorías, etc., se ve, sin embargo, obligado a institucionalizarse sobre una coercitiva estructura llamada Estado, y además necesita mediar el asunto a través de organizaciones de resistencia civil con espacio propio dentro del régimen[2], llamadas sociedad civil[3]. Sin embargo, y muy a pesar de observar la incompatibilidad entre estos dos conceptos, no deja de ser un hecho la estrecha dependencia ejercida entre el valor democrático y la estructura estatal.

A pesar de lo antes expresado, no deja de ser interesante el surgimiento de una polémica en cuanto al nivel de involucramiento del ciudadano con el régimen democrático, estableciendo una relación antagónica entre quienes defienden la democracia representativa  de gran prevalencia en su aplicación en las estructuras de relación entre Estado y ciudadano, y por otra parte la democracia participativa o directa  sobre la cual García Pelayo (1975) afirma su inviabilidad política en cuanto a la posibilidad de ser aplicada como sustento de algún régimen democrático. Cunill (1997) refiriéndose al tema nos comenta que:

“Todas las líneas de reforma institucional que han sido reseñadas convergen discursivamente en la reivindicación de la "democracia participativa", a la que se le adjudica una identidad propia que la distingue de la denominada "democracia representativa". Contemporáneamente, la asunción de la existencia de una dicotomía sigue expresando una relación de oposición entre ambas y el consecuente rechazo al gobierno representativo, dada, entre otras, su creciente elitización (32), tal como fuera argumentado por Rousseau a fines del siglo XVIII. Sin embargo, es la apelación a una relación de complementariedad la que tiende a prevalecer, relativizando en cualquier caso la figura del gobierno representativo.” (pág. 81-82)

EL SUJETO ENTRE EL ESTADO, LA DEMOCRACIA Y LA SOCIEDAD CIVIL. HABLEMOS DE LA CIUDADANÍA.

Wiener (2000) en su trabajo La ciudadanía como estrategia política[4] nos plantea dos enfoques teóricos diferentes y cruciales del concepto de ciudadanía. Ambos difieren en las hipótesis sobre cómo se define y se estudia la ciudadanía. Uno es consustancial a la hipótesis de una lógica universal que subyace en la definición de derechos ciudadanos; el otro, según Wiener, evoluciona a partir del planteamiento que los diferentes contextos históricos contribuyen a una comprensión de la construcción del acceso y la identidad como dimensiones fundamentales de la ciudadanía.

En este sentido Los teóricos demócratas liberales han elaborado un concepto de ciudadanía que tiene como objetivo alcanzar la igualdad de derechos de los ciudadanos frente al Estado (Locke). Esta concepción aboga por un significado de ciudadanía que implica el acceso a los derechos políticos. Esta tradición tiene sus raíces en la antigua filosofía griega (Platón, Aristóteles), que separaba lo público de lo privado, y que dio origen a dos tipos distintos de leyes: las que se refieren al derecho público y las que se refieren al derecho de familia. Tal distinción fue reproducida en los tiempos modernos por los teóricos del contrato social (Rousseau, Hobbes, Locke). El dilema teórico que se asocia a esta línea de pensamiento es la diferenciación entre lo que es público y lo que es privado. El valor político de la ciudadanía está conceptualmente ligado a la esfera pública, y por ende limitado espacialmente. Alcanzar la ciudadanía significa participar, es decir, ganar acceso al sistema político a través de procedimientos como el voto.

En este marco, la ciudadanía define la inclusión en el o la exclusión del sistema político. Formar parte del sistema resulta así un asunto referido a normas y procedimientos. Según esta lógica, se pueden crear los medios de tal modo que causen los fines perseguidos. La distinción entre el espacio que se considera político y el que se considera privado, y por tanto no político, ha reforzado una lógica binaria de los derechos ciudadanos. En este marco el significado de ciudadanía se vuelve estático.

Otra de las vías para definir ciudadanía podría ser como un status jurídico y político mediante el cual el ciudadano adquiere unos derechos como individuo (civiles, políticos, sociales) y unos deberes (impuestos, servicio militar, fidelidad...) respecto a una colectividad política, además de la facultad de actuar en la vida colectiva de un Estado. Esta facultad surge del principio democrático de soberanía popular.

En este sentido el ciudadano (de España, Reino Unido, Colombia, Venezuela, Estados Unidos...) dispone de una serie de derechos, reconocidos en sus constituciones, pero además tiene obligaciones con respecto a la colectividad (fiscales, militares...). En un estado democrático, el ciudadano se ve obligado a cumplir con esas obligaciones ya que son aprobadas por los representantes que él ha elegido utilizando uno de sus principales derechos políticos como ciudadano, el de sufragio.

La condición de la ciudadanía está restringida a las personas que tienen esa condición. Las personas que habitan en un territorio del que no son ciudadanos están excluidas de los derechos y los deberes que comporta la condición de ciudadano. Cada Estado tiene unas normas que regulan la manera por la cual un individuo adquiere la nacionalidad de ese Estado, es decir, la condición de ciudadano. 

Esta concepción de ciudadanía es la propia del período histórico iniciado con las grandes revoluciones liberales de fines del siglo XVIII, y caracterizado por la primacía del Estado-nación como colectividad política que agrupa a los individuos. Esta ciudadanía equivale a nacionalidad.

A partir de la afirmación de Crossley, donde nos dice que la ciudadanía es el encarnamiento político de las posibilidades intersubjetivas, podemos entenderla como el elemento crucial para la comprensión de la intersubjetividad y viceversa.

La intersubjetividad es como ese campo intangible que se gesta a partir del intercambio [comunicacional, vivencial y/o sensorial] entre dos o más personas, y que está mediado por una carga de valores, principios o elementos que lo norman en sus distintas dimensiones. Este campo en ningún momento es la suma de características o acciones individuales, sino, el contenido simbólico y el significado del intercambio, que se encuentra mediado por el discurso, y que traduce y hace posible la interpretación simbólica del significado del campo intangible de intercambio (CII).

Esta intersubjetividad se encuentra inmersa en los significados extraíbles del CII, y está sumergida e interconectada con otros significados que llegan a normar las formas en que se dan los CII. En este momento la ciudadanía –y por ende el ciudadano - surge como un elemento importante para la convivencia.

Si ciudadano es aquel que se pliega a las normas impuestas por el Estado para mejorar la convivencia humana, la ciudadanía es el valor o convicción que permite al sujeto plegarse a tales normas.

Por otra parte Lozada y  Silva(1997), al abordar el tema de la ciudadanía nos comentan que :

“Habría pues que tomar en consideración, como decíamos al principio, el “otramente” al interior del discurso sobre la democracia. Una de las vías las hallamos en la necesidad de profundizar la revisión de la noción de espacio público, e incorporar las nociones de poder y legitimidad como modalidades propias de ese espacio, así como también la noción de ciudadano. Según Crossley la ciudadanía es una relación activa con los otros que implica un sentido de responsabilidad y obligación para con esos otros. La ciudadanía, a través de la figura del deber, presupone un sujeto que se reconoce y coexiste, respetable y responsablemente, con los otros. Presupone además, una conciencia que transciende su propia particularidad en la dirección de una ciudadanía, en un espacio afín a su propia condición que es, precisamente, el espacio público.”

Es importante analizar ahora cómo el espacio público en el cual se desarrolla la ciudadanía surge y se establece para lo cual abordaremos a continuación el concepto de sociedad civil el cual es uno de los conceptos claves vinculados a dicho espacio público.

LA SOCIEDAD CIVIL COMO CONSECUENCIA DE UN DESAJUSTE ENTRE ESTADO Y DEMOCRACIA

Habrán observado que en el punto referido al Estado como macromarco, he efectuado un llamado de atención en cuanto a la posición que afirma la preponderancia de la sociedad sobre el Estado, en cuanto a la crítica y el control del mismo.

Este llamado de atención se origina al evidenciarse lo paradójico de la coexistencia de la concepción del Estado (lo que en sí significa y sobre lo cual se estructuran sus acciones), y la democracia (sus valores y principios de sustentación), por ello no queda más que pensar que la sociedad civil, planteada como un elemento crítico y de control al Estado, por parte de la sociedad, y asumido por la ciudadanía como el espacio alternativo ante el Estado embestido de legalidad en sus acciones, es el resultado de la contradicción entre un Estado montado sobre el control de los medios de coerción para el establecimiento del control social, y la democracia, sustentada sobre los conceptos de libertad, igualdad, tolerancia y pluralidad, y enmarcado en la persuasión como mecanismos de control para el establecimiento de las normas que permitan el cumplimiento de estas premisas democráticas.

Tanto en lo académico como en lo político, se recurre constantemente al concepto de “sociedad civil” sin tomar en cuenta el surgimiento paradójico que lo sustenta. Generalmente es utilizado como un concepto residual según el cual, todo lo que no sea Estado (desde la -familia hasta los grandes conglomerados económicos) es considerado como parte constitutiva de la sociedad civil. Por otra, el concepto sociedad civil ha sido definido en oposición a otros tipos de sociedad como “sociedad primitiva, la sociedad natural o la sociedad  religiosa”.[5] O por oposición a ámbitos sociales y/o político, como el privado o familiar, el militar o el estatal. Es esa una opción de definición poco pertinente si se pretende aproximarse a su contenido, atributos y sus límites.

Para autores como Bejarano (1996), la noción de sociedad civil surge en Inglaterra en el siglo XVIII, contextualizado alrededor de elementos como la revolución industrial, el surgimiento y expansión del modo de producción capitalista, la formación de los primeros estados nacionales y de algunos regímenes políticos. Es aquí donde la relación modernidad-sociedad civil se acentúa.  

Dos líneas de pensamiento pretenden conceptualizar a la sociedad civil, los liberales y los marxistas. Los liberales asumieron que la sociedad civil es la negación de la condición pre estatal, o sea, que es en principio asumido como un sinónimo de Estado o sociedad política, que niega cualquier estado natural conflictivo (Hobbes), de indiferencia (Rousseau) o armónico (Locke), donde la condición de organización media para los procesos de intercambio humano.

Sin embargo, esta relación armónica entre Estado-sociedad civil, es rota dentro de la concepción liberal, ya que se presenta a la sociedad civil como el espacio social que permite luchar contra el Estado absolutista, es por ello entonces que se le atribuye a la sociedad civil tres ideas fundamentales; su unidad básica es el individualismo libre e igual; la interacción es asumida como una competencia libre y pacífica que regula lo social, y la función de la sociedad civil consiste en limitar los excesos y los abusos del poder estatal.

Por otra parte, la visión marxista que va desde una revisión de Hegel hasta Gramsci, pasando como es lógico, por Marx, concibe a la sociedad civil como un campo de batalla, una esfera de interacción social donde predomina el conflicto.

Es Gramsci quien interpreta el concepto y lo amplia, no limitándolo  al espacio económico. Para dicho autor la sociedad civil no es simplemente la esfera económica ni un mero apéndice del Estado, sino, una esfera compuesta por variadas organizaciones y actividades autónomas, las cuales no perpetúan la ideología y los intereses de la burguesía. Para él, la sociedad civil es el escenario de conflicto por el poder, y estado previo a la posible toma del Estado.

Desde mi perspectiva, en la actualidad la sociedad civil es considerada un espacio diferenciado de interacción social, un espacio de práctica ciudadana, donde se va desde la cooperación hasta el conflicto, entre diferentes actores sociales más o menos organizados. Estos actores pueden estar conformados por las clases sociales y sus organizaciones, así como los “nuevos” movimientos sociales, Es en sí una pluralidad de actores que no se reducen a un conjunto de individuos atomizados o a grupos de interés (visión liberal)  o las clases sociales en conflicto (visión marxista clásica).

La creación y expansión de este espacio público no-estatal y pluralista se da a través de la interacción (conflictiva o no) entre diversos actores que se constituyen a sí mismos buscando, simultáneamente, despejar un espacio autónomo de interrelación. Esto genera para la actual visión de sociedad civil, un surgimiento de ésta, como consecuencia de la complementariedad del Estado y la democracia. La institucionalización de la sociedad civil, depende de la existencia de un Estado capaz de garantizar una serie de protecciones institucionales, las cuales cristalizan en derechos y libertades civiles como la libertad de opinión, de expresión, de asociación y de reunión.

En Venezuela, hoy en día en la agenda pública que se percibe como coincidente entre  los medios  y la opinión pública, se debate constantemente el significado de la “sociedad civil”, pero, ¿en torno a qué gira esta discusión?, y , ¿cuál es el fin de gestar esta discusión?, por demás “espinosa”, pero fundamental para la consolidación de una sociedad “protagónica”, como lo consagra el preámbulo de la nueva Constitución. 

Esta discusión gira en torno a un proceso de recomposición de un escenario estrictamente político, que a su vez pretende generar este mismo proceso a un nivel social, debatiéndose a través de dos ejes fundamentales, uno, el eje oficialista, cargado de matices ideológicos de izquierda y direccionado a la consolidación de un proyecto “revolucionario” que asume la siguiente definición de sociedad civil formulada por el Presidente  de la República: “Todos somos sociedad civil, que está impulsando la revolución. Yo estoy elegido como presidente de la sociedad civil de Venezuela" (H.C. 27/08/2000, fuente: El Universal, 3/09/2000, 1-14). Por otro lado se nos presenta el eje de los grupos de interés, quienes asumen la defensa de la tesis que define la sociedad civil a través de diferenciarla del concepto de sociedad, así “Todos somos sociedad y no debe haber exclusiones. Pero sociedad civil son las expresiones organizadas de ciudadanos con misiones e intereses específicos” (Elías Santana, 3/09/2000. El Universal, 1-14).

Entre estos dos ejes radicales, en cuanto a su conceptualización, léase, una posición que asume a la sociedad civil como cada uno y todos aquellos que conforman la sociedad en este caso venezolana, y otro eje que establece una diferencia, asumiendo que la sociedad civil está descrita y diferenciada fundamentalmente por ser expresiones organizadas de la misma, existe una diversidad de matices que terminan de una u otra manera plegándose a estos dos ejes, fundamentalmente por la necesidad imperante en nuestra actual sociedad de asumir posiciones políticas dicotómicas, algunas veces contradictoria con los elementos básicos del ejercicio democrático.

La diferencia fundamental que existe dentro de la sociedad civil (como todo aquello que no es Estado venezolano) es que quienes se proclaman a sí mismo como sociedad civil lo hacen por el hecho de tener una estructura jurídica y de facto consolidada, que genera responsabilidades civiles, lo que los distingue de la sociedad civil que sólo se agrupa en torno a problemas coyunturales, y sobre la solución se desvanece la agrupación hasta el surgimiento de otro problema; se han dado casos en que son tantos los problemas, que la agrupación se mantiene en el tiempo, pero al no establecer una estructura de funcionamiento, al no generar una responsabilidad civil y no establecer objetivos que generen programas, planes y proyectos integrales que giren en torno a la consecución de los mismo, se hayan desplazadas por el sector de la sociedad civil organizada.

En fin, el Estado no es sociedad civil, y la sociedad civil no sólo es la sociedad civil organizada. Pero, ¿cuál es el estadio ideal de realización del concepto desde una perspectiva adscrita a la actual Constitución Nacional del país?. Al parecer no es difícil advertir que lo ideal es que toda la sociedad civil sea organizada, y no que sea un espacio o “ágora” confiscado por grupos que profesionalizan su actividad al interior de la sociedad, haciendo de ésta grupos de interés específicos, negando en algunos casos la posibilidad de que la sociedad civil organizada se extienda y sea conocida más allá de los grupos existentes, ni tampoco sea la extensión de un proyecto político partidista, que monopolice cada uno de los sectores sociales, evitando la pluralidad, la diversidad y generando en algunos casos intolerancia.

Es por ello que la participación como proceso político, termina siendo la pieza que engrana y motoriza la verdadera práctica política democrática.             

LA PARTICIPACIÓN DENTRO DE SU COMPLEJIDAD

Sánchez (2000), al tratar de abordar el tema de la participación afirma que, debido a la pluralidad de significados que implica el concepto de participación, parece más conveniente hablar de una “idea” de participación. Es indudable que a partir de las distintas construcciones que se efectúan diariamente sobre el concepto debemos entenderlo como dinámico y en proceso, es por ello que comparto esta noción de manejar el tópico a partir de una idea que está en constante transformación.

Para Sánchez (2000), a través de la participación, los ciudadanos pretenden influir en la toma de decisiones. Por otra parte el autor afirma que la participación posee objetivos colectivos a través de un proceso social, organizado de distintas formas. Si tomamos en cuenta estos tres elementos, influir en la toma de decisiones, objetivo colectivo y con ciertas formas de organización, estamos ante la presencia de un fenómeno político, por lo que se podría afirmar que la participación en cualquier ámbito es política.

La afirmación anterior no pretende ser reduccionista, sino, por el contrario ubicar en un plano específico el ámbito de acción e impacto de la participación de cualquier  ciudadano. Para  el mismo autor, además:

“La participación, también .., es un acto voluntario, lo cual posiblemente expresa la toma de conciencia de los sujetos acerca del valor de las acciones participativas, por tanto de la necesidad de solidarizarse con sus pares. No obstante, se aspira que tal discernimiento se generalice de modo que todos los miembros del grupo se involucren. En este sentido, la participación es adicionalmente, un proceso inclusivo.”(pág. 40)

Es por todo esto que compartimos la posición de Sánchez (2000) cuando afirma que:

“…las tres formas de participación son participación política, en la medida que se entiende político, de acuerdo con Ibañez e Iñiguez (1988), como relacionado con la manera como se concibe la sociedad, los seres sociales y las relaciones entre ellos, en otras palabras, con los valores que se formulen y con los procedimientos que se adopten para su aceptación.” (pág.  37)

Es por ello que el  auge del concepto de participación en las últimas tres décadas esta mediada por el debilitamiento del Estado en la satisfacción de necesidades ciudadanas, lo que genera la necesidad de la movilización del colectivo al resguardo de su bienestar. Otra versión podría señalar que el surgimiento de la participación radica en la concreción del Estado idóneo para la apertura de espacios producto del incremento de conciencia ciudadana, lo que permite a los ciudadanos entender que el Estado no debe ser un ente paternalista sino, por el contrario un ente supervisor y estimulador de la participación (se podría decir que esta visión es la línea del pensamiento liberal).

Casal (1997), sobre esté tópico asume la incorporación de nuevos instrumentos de participación directa en nuestro ordenamiento y considera que ha de estar en todo caso presidida por la idea de complementar la democracia representativa y no por la pretensión de desplazarla o relegarla a un papel marginal, pues el socavamiento de la democracia representativa comportaría el de la democracia misma. Para Casal, alguno de los defensores del denominado “participacionismo”, en ocasiones de forma no explícita, intentan suplantar la representación por la participación política directa, haciendo de ésta el mecanismo ordinario del desenvolvimiento democrático, lo cual puede conducir, a un suicidio de la democracia. Esta afirmación no resulta válida, pues son múltiples las ópticas desde las cuales modernamente son abordadas las instituciones de la democracia directa.

Para Casal (1997):

“Las figuras de la democracia directa han de ser concebidas, pues, no como un sucedáneo de la representación en cuanto forma de participación política (indirecta), ni como una arma necesaria en una lucha dirigida a desplazar o a reemplazar a una clase política, lo cual podría hacer naufragar el sistema mismo, sino como un medio para la “democratización de la democracia”, para hacer al sistema mas representativo gracias a la inclusión de cauces de participación política directa de la ciudadanía”.

LA DIVERSIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL

La consagración de una democracia participativa y protagónica, dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, desde 1999, ha generado la reformulación de mucho de los conceptos ya mencionados, pero fundamentalmente ha permitido la reconfiguración de los actores políticos, y los procesos que se generan por la interrelación de los mismos, esto a su vez a generado la posibilidad cierta de activar mecanismos más diversos de participación tanto social, como ciudadana, comunitaria o política, lo que ha traído como consecuencia el surgimiento de nuevos actores en el escenario político y la desaparición de otros que no pudieron adaptarse a los cambios, pero al final se ha consagrado un espacio idóneo para la diversificación de una sociedad civil hasta ahora excluyente, con la intensión de cerrar la brecha natural entre el surgimiento del Estado y el gobierno democrático, a través del inédito esfuerzo por implementar una democracia participativa.

Notas