Luis Palencia

Docente-Investigador de la UCV. Miembro del equipo editor de la Revista Cuadernos Nuevo Sur-Sudaca  y de la página web http://www.debatecultural.org/

debateculturaleditor@gmail.com

El debate necesario

octubre de 2006

Como premisa, una revolución en tiempos de crisis de los grandes relatos debe tener como requisito el pensamiento crítico sin ataduras y sin detenerse ante el chantaje de la contingencia, de lo contrario, estará condenada a la retórica insustancial que evade la teoría y la praxis revolucionaria.

Es muy conocida la afirmación de Lenin, según la cual ‘sin teoría revolucionaria no hay movimiento revolucionario'. Esta tesis que constituye un verdadero axioma de la política, con mucha frecuencia es dejada de lado (así se registra en la historia de las revoluciones modernas, sobre todo en el caso ele las revoluciones populares y/o socialistas que se han sucedido en Io que va del siglo XX a esta parte) por mucho de los que participan desde distintas posiciones en su hacer práctico. Es por ello que Lenin siempre insistió en la necesidad de librar una permanente batalla para tratar de evitar este gravísimo error político: `Nunca se insistirá lo bastante en esto' solía decir. La formidable y numerosa obra escrita por él, en el desarrollo de la lucha revolucionaria del proletariado y el campesinado ruso, es la mejor demostración de sus afirmaciones en relación a esta crucial e importantísima cuestión política.

Lo dicho no significa por supuesto, que la posesión de una línea teórico-política definida le confiere a la Dirección y al conjunto del Movimiento Revolucionario un carácter infalible; pero si le permite ganar en unidad y cohesión ideológica (lo que Lenin llamaba `voluntad política única'), al tiempo que ayuda a reducir al mínimo el margen de error posible.

Otro buen ejemplo, con respecto a este importante aspecto, es el que nos aporta nuestro Libertador Simón Bolívar. La temprana comprensión que tiene Bolívar de la necesidad cíe dotar de una línea política, de corto y largo plazo, a la lucha por la Independencia de nuestros países, es lo que le impulsa, fundamentalmente, a producir documentos como el Manifiesto de Cartagena (1812), la Carta de Jamaica (1815), el Proyecto de Constitución y el extraordinario discurso que presenta en el Congreso de Angostura (1819), la Constitución de Bolivia (1826) y por último, las innumerables orientaciones que constantemente le traza a los jefes políticos y militares bajo su mando, en numerosas cartas, manifiestos y proclamas.

Lo expresado hasta aquí cobra todavía mayor importancia, por el hecho de que sólo por esta vía es posible que el movimiento revolucionario se deslastre de las desviaciones (de derecha o de 'izquierda') y de los vicios que permanentemente le acechan. En relación a esto último nos referimos a la necesidad que se le plantea a la Dirección y al conjunto del Movimiento Revolucionario, de conjurar las deformaciones políticas generadas por las concepciones y prácticas espontaneístas y voluntaristas, que condenan a la Dirección y a todo el Movimiento a marchar sin línea teórica y política definidas, y sin la debida evaluación del momento político y de la coyuntura política vistos en su proceso de cambio.

Nos referimos, por otra parte, a la necesidad de erradicar de las filas revolucionarias:

1.- Las concepciones y métodos individualistas (personalistas, caudillistas) de dirección, ya que estas desviaciones atentan contra la posibilidad de construir una dirección colectiva a todos los niveles de la organización revolucionaria.

2.- Definir y establecer mecanismos que impidan y dificulten la penetración de los elementos oportunistas y arribistas, los cuales no sólo desempeñan un papel deformador en lo político-ideológico y en lo moral, sino que inevitablemente, a medida que vayan asumiendo posiciones de dirección política y/o administrativa, logran imponerle un camino o una línea capituladora al Movimiento Revolucionario.

3.- Bloquear el desarrollo de las desviaciones electoralistas (desviación reformista y de derecha), que inducen a dejar de lado la organización, la educación política y la movilización permanentes del pueblo para hacer la revolución, y en su lugar, obligan a priorizar la participación de éste en los eventos electorales como el único medio o como el más importante de ellos en el desarrollo de la lucha por la transformación revolucionaria de la sociedad. Conviene señalar, que esta desviación y el parlamentarismo reformista de ella derivado, es lo que en su tiempo Lenin calificó de `cretinismo parlamentario'.

Razones de índole político-organizativas.

La idea o la razón básica que exige, que demanda la realización de un debate entre los revolucionarios venezolanos, es sin lugar a dudas, la imperiosa necesidad de reflexionar acerca de la vigencia del partido revolucionario(de una vanguardia revolucionaria) que al resolver el fundamental problema de la dirección colectiva, no sólo sintetice y le aporte coherencia teórico-política al proceso revolucionario en desarrollo, sino que al mismo tiempo, se constituya definitivamente:

1.- En el centro dirigente del accionar político del conjunto de las fuerzas políticas y sociales que actualmente participan de dicho proceso.

2.- Que se coloque al lado de todo el pueblo y de sus dirigentes naturales, en la tarea, también esencial, de fundar un poder popular autónomo (como sociedad civil organizada en redes movilizadas), vinculado estrecha y dialécticamente al Estado y al partido revolucionario. En este sentido, es de suma importancia considerar que el vínculo de esas tres instancias del poder revolucionario (estado, partido, poder popular autónomo) debe estar regido por una relación esencialmente democrática (no de subordinación) porque la revolución no puede ser entendida, en nuestro tiempo, sino como una radicalización de la democracia, que implica la exigencia del reconocimiento de las diferencias sustanciales que hacen a la heterogeneidad social y política: como pluralización de la soberanía en la que todos los actores sociales puedan tener acceso al espacio público, a expresarse, a articular sus necesidades y a la realización de las condiciones institucionales, que les permitan el pleno ejercicio de la igualdad de oportunidades en el desarrollo de su vida social.

Eso no significa que se esté hablando de una sociedad en la que se haya eliminado todo vestigio de relación de poder o en la que se haya superado la lucha por la hegemonía (lucha por la dirección ético-política de la sociedad); sobre todo, en una sociedad como la nuestra cruzada por múltiples antagonismos, relaciones de poder y subalternidad de un pueblo vulnerable, expuesto constantemente a la interferencia arbitraria de otros en lo político, social, económico y cultural.

La lucha por la hegemonía es, en definitiva, la lucha por la transformación radical del estado, de la economía, de la educación, de la moral, que permita que el pueblo comience a hacerse presente como ciudadano (no como cliente) en las estructuras institucionales del estado y de la sociedad en su conjunto.

El problema, entonces, es como constituir formas de poder revolucionarias que sean compatibles con los valores democráticos. En todo caso la radicalización de la democracia no es ‘un vale todo’ puesto que la hegemonía se despliega como estado, como un sistema de gobierno, como un determinado régimen de poder, que tiende a la inclusión creciente y ampliada de sectores sociales al ejercicio de la soberanía política; vale decir, al proceso de consolidación de una ciudadanía democrática soberana.

Es por todo eso, que la revolución es un proceso democrático permanente, siempre abierto a las demandas de los actores sociales existentes (de clase, culturales, religiosos, étnicos, de género, de grupos etarios, etc., etc.) a los cambios que se van operando en la sociedad, y a la inclusión progresiva, como se ha dicho, de nuevos actores a la vida ciudadana, que en su conjunto representan intereses imposibles de determinar a priori desde ninguna parcialidad o instancia del poder político. En consecuencia, el ordenamiento democrático de lo público debe también expresarse contundentemente como una relación de poder de anulación, de pérdida de privilegios, de todas aquellas formas de vinculación, valoración y pertenencia social, no fundamentada en el respeto, en el reconocimiento y la solidaridad con el otro, que es lo que caracteriza y define sustancialmente una relación democrática auténtica, real.

Otro problema importante planteado en relación a la cuestión del partido revolucionario, es el que tiene que ver con la definición del tipo de partido que mejor se adecue a las condiciones históricas en que se desenvuelve el actual proceso político venezolano. Lo que si está fuera de toda duda, es que a esa definición debe llegarse por la vía de un análisis objetivo y riguroso de las clases sociales y/o actores socio-políticos interesados o que apoyan el proceso revolucionario venezolano: en este sentido, es necesario tomar en cuenta, sobre todo, el carácter heterogéneo y diverso del conjunto de esas piezas. Sólo así, se podrá determinar si lo que conviene es la creación, en este momento, de un partido revolucionario moderno clásico (al estilo leninista) o un frente como los que se han conocido en otras partes del mundo, como por ejemplo el caso de Nicaragua.

Razones que aluden a la necesidad política de pasar a una fase superior del proceso revolucionario venezolano.

Es indudable que el logro de este objetivo tiene como punto de partida la realización de un balance general que dé cuenta de lo conquistado hasta aquí por la revolución, pero también de los errores y de las omisiones en las que se haya incurrido a lo largo de los ocho años transcurridos desde 1999 hasta la fecha .

En particular deben evaluarse los aspectos siguientes:

1.- Lo adelantado en relación a la transformación sustantiva del actual Estado y la necesidad de construir un Estado Revolucionario en correspondencia con los cambios que demanda la profundización del proceso revolucionario en marcha.

2.- Lo que se ha hecho en materia económica, sobre todo lo avanzado en la definición de un proyecto económico nacional abarcante y de largo alcance, dirigido fundamentalmente a superar la orientación rentística, parasitaria y monoproductora de nuestra economía; a vencer el carácter crónico del desempleo nacional y a impulsar, audaz y decididamente, la industrialización general del país con una firme orientación hacia la consolidación demográfica del eje Orinoco-Apure y otros espacios definidos estratégicamente.

3.- Lo actuado en el tema del latifundio, problema cuya solución no se puede ni se debe dejar exclusiva y fundamentalmente en manos de gobernadores y alcaldes, sino que debe ser asumido y resuelto por el poder revolucionario central-regional, en estrecha coordinación con los actores sociales y políticos directamente interesados en la solución de ese problema histórico y estructural: la población campesina, sus organizaciones y dirigentes naturales.

4.- Lo realizado en educación y salud en general y, particularmente, lo atinente a las misiones que deben ser revisadas y potenciadas, para hacerlas avanzar hacia políticas públicas más permanentes y estratégicas.

5.- El problema de las universidades públicas nacionales, convertidas actualmente en focos de resistencia político-cultural de la contrarrevolución anti-nacional. Estos espacios públicos deben ser sometidos a un debate nacional y popular, que permita discutir desde adentro y desde afuera de ellas, acerca de su función social, su relación con los planes estratégicos del estado y la sociedad, la pertinencia y utilidad pública de las actividades de docencia, investigación y extensión que desarrollan estas instituciones.

De ese balance depende, en primer lugar, la determinación precisa de la situación en la que nos encontramos en estos momentos. Y en segundo lugar, la definición de la nueva fase política a la que debemos comenzar a pasar en el desarrollo de la revolución. A este respecto, es fundamental comprender la necesidad de transitar de la fase de la lucha popular espontánea a la fase de la lucha popular revolucionaria consciente; que movilice a todo venezolano (en su expresión civil-militar) alrededor de objetivos políticos claramente definidos: tanto en su concreción táctica como estratégica de largo plazo.

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