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Francisco Mieres |
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Realidades. Los derechos indígenas Caracas, 10 de octubre de 2004 |
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La gesta de medio milenio de resistencia indígena en América no es sólo un asunto histórico, sino también de actualidad candente, porque está ligada íntimamente a la defensa nacional de los valiosos recursos naturales que aún nos quedan, y que están en la mira de los monopolios transnacionales del Norte. Ello ha cobrado rasgos dramáticos en Bolivia recientemente, pero tiene vigencia en el Cono Sur y en Brasil, amén de Chiapas y oras áreas del continente. Pero, curiosamente, nos ha pasado un poco debajo de la mesa la realidad de las tensiones y los conflictos pendientes en Venezuela, que afectan las regiones mineras, madereras y petroleras-gasíferas-carboneras de Guayana, Zulia y Delta-Paria, que forman el hábitat esencial de nuestras etnias aborígenes. En recientes ediciones de “La Razón” y en el número inicial de “Revuelo” se han publicado manifiestos, como el de las organizaciones zulianas “contra la muerte del Lago de Maracaibo”, artículos como el de Centeno sobre la degradación de la Reserva de Imataca y entrevistas como la de Lusbi Portillo, de “Homo et Natura” sobre los planes expansionistas en carbón, petróleo y gas de PDVSA en asociación con el gran capital extranjero, cuyo denominador común es la violación de los derechos otorgados nominalmente a los pueblos indígenas sobre sus territorios y recursos, con las secuelas devastadoras del ambiente y de la soberanía nacional que ello comporta, por parte de la propias autoridades del Estado Venezolano. Con motivo de la discusión que tiene lugar hoy sobre la legislación acerca de nuestras etnias en la Asamblea Nacional, ha surgido un nuevo motivo de irritación y alarma entre sus integrantes, así como entre antropólogos, sociólogos y ambientalistas, y demás componentes del movimiento popular. Se trata de que en el proyecto de Ley, en su artículo 39, se intenta legitimar una nueva vía de acceso al capital privado a las riquezas naturales de las zonas habitadas por esas etnias, incluidos parques nacionales y otras áreas protegidas, que hasta ahora les han estado vedadas, al menos en teoría. Esta nueva ruta de apertura minera-petrolera se escuda en el artificio de la aceptación de las negociaciones por parte de las etnias afectadas, que se asemeja al tristemente célebre artículo 5 de la ley de nacionalización petrolera, por el cual se colaron todas las privatizaciones ulteriores que la degradaron. La amarga experiencia de los waraos y de los pemones, víctimas del irrespeto gubernamental a su rechazo a las actividades petroleras y al tendido eléctrico hacia Brasil, los ha llenado de frustración e incredulidad ante el MEM y toda la burocracia energética del país, enemiga probada de la participación popular genuina que requiere una democracia “del pueblo, para el pueblo y por el pueblo”. La lucha que se inicia contra esta nueva ruta a la apertura al capital foráneo pondrá a prueba la sinceridad de la proclamada “revolución en la revolución”. La celebración del 12 de octubre, “día de la resistencia indígena”, será una magnífica ocasión. |
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