Carmen Hernández

Curadora y crítica de arte

carmenhernandezm@gmail.com

Desplazamientos y apropiaciones: imágenes de ciudadanía en el escenario político venezolano contemporáneo         

Ponencia para LASA 2003, XXIV Internacional Congreso of the Latin American Studies Association

The Global an the Local: Rethinking Area Studies

Cultura, violencia y ciudadanía en escenarios latinoamericanos" En memoria de Susana Rotker (parte I y parte II)

27 al 29 de marzo de 2003, Dallas, Texas

Desde abril de 2002, después del fracasado Golpe de Estado que derrocó a Hugo Chávez[1] por 58 horas, la violencia política comenzó a hacerse cada vez más evidente y explícita, acentuando una supuesta bipolaridad en la sociedad venezolana. Se ha hecho palpable una lucha entre dos posturas culturales que se debaten el reconocimiento y posicionamiento político, y aunque entre ambas existe un sector amplio que no se identifica con ninguno de los dos extremos, es la tensión entre los polos la que predomina el escenario e invisibiliza otras opciones. Por un lado, existe un gran sector asociado a las clases sociales más depauperadas, históricamente menos beneficiadas de las políticas estatales, que podría identificarse como “simpatizantes con el gobierno” porque ahora cuentan con el apoyo y reconocimiento del gobierno. En el otro extremo se ubica un amplio sector mayormente vinculado a los valores culturales de la clase media y que podría identificarse como “opositores al gobierno”. Ambos grupos se debaten el dominio del escenario político como una lucha de poder, si se entiende el poder como el repliegue de una relación de fuerzas que en este caso está orientado a posicionarse del control del Estado, representado por el gobierno de Chávez, los poderes legislativo y judicial, además del poder moral en las figuras del Fiscal General, el Contralor General y la Defensoría del pueblo..

Según Margarita López Maya, investigadora de la realidad social, la crisis política local puede entenderse como un momento de: “búsqueda y de reacomodo de la sociedad venezolana a través de lo que yo llamo una lucha hegemónica feroz. La sociedad venezolana sí tiene proyectos, pero son antagónicos” [2]. Por una parte, los grupos de opositores al gobierno representarían el proyecto neoliberal iniciado en 1989, durante el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez, y por otro lado, se delinearía un proyecto progresista, liderizado por Hugo Chávez, que ha asumido rasgos nacionalistas con respecto a la política petrolera porque se propone contrarrestar los procesos neoliberales de globalización. Desde esta perspectiva, los opositores al gobierno manifestarían una resistencia al cambio y su rechazo a Chávez quedaría expresado en el deseo de atribuirse las “verdaderas” representaciones[3] de ciudadanía y sociedad civil.

En este trabajo, más que analizar la oportuna actividad de un sector o de otro, se intenta abordar los mecanismos por medio de los cuales se han disputado algunos signos relativos a sociedad civil, ciudadanía, pueblo, patria, etc., como una disputa en el campo de las significaciones que puede ser representada con la metáfora de una “guerra” virtual, enmascarada por los mecanismos de la microfísica del poder. Los “operadores de dominación” no se articulan solamente en el Estado o en las instituciones tradicionales y más bien su despliegue ocupa otros espacios más relacionados con el universo de lo privado, como los medios de comunicación y las agrupaciones sociales próximas a las ONGs (Organizaciones No Gubernamentales) que todavía no han alcanzado a configurar formalmente la figura de partidos políticos.

En el centro de este conflicto se ubica la figura de Chávez como el detonante que dejó en evidencia una fractura del escenario político, representado por la disolución del acuerdo tradicional, llamado popularmente “puntofijismo”, que ha marcado la historia política venezolana con una alternancia del poder entre los partidos más populares: AD y COPEI. Desde la campaña presidencial de Chávez, se instaló en el imaginario colectivo la redefinición de la idea de nación. Los grupos opositores a Chávez estaban conscientes de este deseo pero al mismo tiempo, su postura fue adquiriendo tonos desafiantes que encontraron también una fuerte y agresiva resistencia en el nuevo movimiento. Durante 2002 se hizo palpable este sentimiento “bélico” de tal modo que se puede reconocer que el ejercicio político es una continuidad de la guerra por otros medios”. Esta tesis[4] contribuye a entender esta lucha como una consecuencia de la constante distribución del poder derivada de una práctica constante del caudillismo que ha tramado toda la historia política moderna de Venezuela. Pero mi interés, más allá de analizar la historia política, es desenmascarar el poder y por ello, creo oportuno introducir el comentario de Foucault que advierte:  “No existe un sujeto neutral. Somos necesariamente un adversario de alguien” (1996: 47). Esto responde a que la “ley” o la teoría filosófica jurídica que sostiene la figura del Estado vigilante y protector, ha surgido a partir de acuerdos o negociaciones que han favorecido a unos sujetos por sobre otros. Y en Venezuela esa situación es evidente cuando se observa la furia con la cual los sectores sociales que reconocen su condición histórica de “excluidos”, articulan sus fuerzas para defender esa figura que los nombra y favorece, identificada con el estado y sus atribuciones. Asimismo, los sectores abiertamente opositores a Chávez, han creado mecanismos de organización para disputarse el orden de lo público. Ambos grupos construyen sus propias representaciones sociales alrededor de las figuras de sociedad civil, ciudadanía y derechos humanos.

Desde los años 70 se están gestionando interpretaciones de la noción de sociedad civil en el contexto latinoamericano, pero fue en los años 80 cuando el término alcanzó importancia en el marco de las luchas antidictatoriales y, aunque abarcaba amplios sectores sociales, fue especialmente asociado con prácticas políticas y periodísticas. En Venezuela, el término comenzó a ser empleado en los años 90 para identificar las prácticas de algunos actores que se inscribían en organizaciones no gubernamentales[5]. Frente a este supuesto, parece necesario definir, de manera operativa, el rol activo que cumple la figura de sociedad civil, de intermediación política entre el Estado (como representante del poder público) y la base económica (como representante del poder privado), más allá de su asociación directa con las llamadas ONGs, también conocidas como “tercer sector”. En este sentido, la definición de Jaime Sperberg resulta pertinente:

“La sociedad civil es un campo de acción relativamente autónomo dentro del cual grupos e individuos persiguen  sus intereses sociales y políticos de forma voluntaria, no violenta, e interrelacionados con instituciones estatales en el ámbito nacional y local[6]. A pesar de que existe una gran desconfianza entre los sectores de la sociedad civil y los estatales, esta relación se caracteriza  por la aceptación  de los procedimientos y las normas democráticas por parte de los actores. La desconfianza  de la sociedad civil hacia el estado es primordial, ya que está ligada a una de sus funciones centrales. El control y la limitación del poder estatal” (1991: 135).

Además de su actitud crítica frente a las articulaciones entre sociedad, poder y cultura, la sociedad civil debe manifestar un imaginario común asociado a la idea de compartir un bien público.

Una sociedad civil “dividida”

La desconfianza de la sociedad civil hacia el rol del estado parece ser una condición sine qua non que también se observa en el escenario venezolano. Los simpatizantes con el gobierno han aprovechado la coyuntura de posible cambio para organizarse y activar sus propuestas en un marco legal, a través del ejercicio de un sentido crítico y autocrítico. Se percibe un creciente interés por el activismo. Son cada vez más comunes las Asambleas populares que tienen diferentes objetivos, desde la solución a problemas relacionados con el contexto vecinal inmediato, hasta el abordaje de problemas educacionales, culturales, de salud y sociales en general. Parte de esta iniciativa ha sido recogida por los llamados Círculos bolivarianos que muestran orientaciones diversificadas. Llama la atención que muchas de estas organizaciones han evitado identificarse de manera explícita con la idea de sociedad civil para deslindarse de los propósitos de los grupos de oposición, quienes comenzaron sus acciones identificándose con este término.

Actualmente es posible encontrar el empleo del término “sociedad civil” en los discursos asociados con la actividad de los CLPP (Consejos Locales de Planificación Pública) cuyo modelo ha sido previsto por la Constitución de 1999, como estímulo a la participación ciudadana, especialmente con respecto al Poder público Estadal (contemplado en Título IV, Capítulo III, que incluye los artículos 159 al 184). Estos órganos de participación civil deberían instalarse en todas las Alcaldías del país[7]. El Decreto Presidencial de la Constitución sobre los Comités de Tierras Urbanas (CTU) se ha convertido en un instrumento para legislar la propiedad de la tierra de las barriadas populares y a la vez, ha contribuido a la creación de los CLPP. Los representantes de este sector hacen hincapié en su labor participativa en la toma de decisiones políticas.

Aunque el propio Chávez y algunos voceros del gobierno han enunciado la importancia de la activación de los CLPP, son los propios actores quienes están ejerciendo  la presión necesaria para que se haga efectiva su instalación.

Entre tanto, el sector de la oposición, aglutinado desde 2002 alrededor de la figura de la Coordinadora Democrática, además de atribuirse para sí el término “sociedad civil”, ha concentrado sus esfuerzos en la salida de Chávez, apoyando incluso mecanismos anticonstitucionales. Aunque la configuración de este amplio sector es muy diversa[8] y ha evidenciado públicamente enormes tensiones en su interior, se sostiene una cohesión en la consigna: “Fuera Chávez”. Toda la capacidad organizativa de estos grupos ha estado encauzada hacia la toma de espacios públicos como mecanismos para ejercer su derecho a la protesta y en este sentido, han empleado variados recursos para hacer visible su diferencia, distancia y “distinción” con respecto a los sectores simpatizantes con el gobierno. Su trabajo se ha caracterizado por la participación en manifestaciones, la afirmación de la campaña propagandística de los líderes de la oposición, la organización vecinal en torno a la Autodefensa, y la contribución a la recolección de firmas en contra del gobierno. Como agrupación política “informal” no ha dado a conocer objetivos políticos, económicos y culturales que pudieran enmarcarse en una suerte de “proyecto” de nación capaz de crear en el imaginario colectivo sentimientos de confiabilidad, como opción alternativa ante la posible salida de Chávez. Lo que ha quedado en evidencia en sus continuas actuaciones, es una lucha por el poder que adquiere tonos vehementes y autoritarios.

La sociedad civil como figura de exclusión

Desde el momento en que los grupos de opositores al gobierno se atribuyeron el rol de “sociedad civil” como figura diferenciadora, se ha podido observar un amplio debate que no ha estado desprovisto de signos de violencia. Esta atribución iba teñida del deseo de diferenciar la actividad de la oposición como una labor respetable frente a las actividades de los simpatizantes con el gobierno, que eran entonces señalados como “chavistas”, y que paulatinamente fueron identificados con términos ofensivos.

Cuando Luis Miquelena era Ministro del Interior del gobierno de Chávez, en un intento por descalificar a los opositores al gobierno en su condición de “sociedad civil”,  ironizó preguntando: “¿con qué se come eso?”, se hizo más evidente la brecha entre ambos sectores con respecto a la ambigüedad del término. Aunque la actitud de Miquelena puede ser apreciada como despótica, contribuyó a desenmascarar el posicionamiento y la actitud de exclusión de estos grupos. Para ellos, el término “sociedad civil” les aseguraba un aura de respetabilidad que a su vez, desacreditaba a los simpatizantes con el gobierno como “chavistas”, "hordas", "lumpen", “marginales”, “chusma”, entre otros calificativos. La noción de "sociedad civil" permitía enmascarar su odio por Chávez mientras les permitía distanciarse de los Círculos bolivarianos, catalogados también como “círculos del terror”  o simplemente “violentos” (especialmente por el Alcalde Mayor, Alfredo Peña, en enero de 2003). Esta estrategia de otorgarse a sí mismo el rol del “bien” frente a los otros que representarían el “mal” tiene una larga historia. En principio estas denominaciones no pasaban de las pancartas y proclamas activadas en las marchas. Luego fueron incorporadas en el discurso de la prensa y la televisión. Sin timidez, se fue descalificando de manera abierta a los simpatizantes con el gobierno. Por ejemplo, un editorial de El Nacional fue bastante criticado porque se refirió a los chavistas como “lumpen”, lo cual provocó críticas que obligaron al director y propietario del periódico a aclarar públicamente este episodio.

A medida que resultaba más común identificar a la “sociedad civil” con los grupos opositores, los simpatizantes con el gobierno se fueron atrincherando en la noción de “pueblo”, que representaba a una gran mayoría excluida, identificada con valores históricos locales, como el llamado “árbol de las tres raíces” (Simón Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora), que revitaliza a tres figuras históricas asociadas a la construcción de la nación en términos propios. De hecho, la Constitución de 1999 cambió el nombre a la nación, de República de Venezuela por “República Bolivariana de Venezuela”. Todo esto contribuyó a que los seguidores de Chávez se apropiaran de los símbolos patrios como una identificación política de orden nacionalista.

A medida que va transcurriendo el año 2002, la oposición va reconociéndose como “pueblo”[9] y comienza a emplear indistintamente esta noción y la de sociedad civil. Posiblemente esta estrategia introducía elementos nacionalistas diferenciales frente al sentimiento expresado por los simpatizantes con el gobierno. La idea de “pueblo” parece ser una imagen recurrente que designa a lo “propio", aquello a ser protegido como signo de territorialidad y localidad. Aunque la figura de “pueblo” es una metáfora que continúa siendo usada por los grupos próximos a la izquierda tradicional, comenzó a  ser recurrente en los discursos de la oposición.  También han sido apropiados otros íconos, como la canción “Gracias a la vida” de Violeta Parra, interpretada por Soledad Bravo en una manifestación de los grupos opositores, o la clásica consigna: “el pueblo unido jamás será vencido”, muy notoria en las concentraciones de la Plaza Francia a fines de 2002. De manera provocadora, algunos representantes de este sector han llegado a manifestar públicamente que resulta necesario rescatar la imagen de Alí Primera del imaginario chavista. Como signo diferenciador, los grupos simpatizantes con el gobierno han comenzado a  autodenominarse “pueblo soberano”.

Además de apropiarse de la noción de “sociedad civil”, en un segundo nivel se ha despertado el interés por atribuirse los signos de la “nacionalidad”, en la nociones de patria y ciudadanía. Este nacionalismo permite enmascarar su identificación con políticas neoliberales orientadas a la privatización y a minimizar más aún el rol del Estado. Poco a poco los grupos opositores han ido despojando de elementos simbólicos a su bando contrario, por medio de una tendencia a la hibridación de los referentes, que no está desprovista de signos de provocación. Además de la lucha por el poder, que representaría el derrocamiento del gobierno de Chávez, se evidencia el deseo de ser reconocidos como los “verdaderos” venezolanos. 

Hay que aclarar que esta constante apropiación ejercida por los opositores al gobierno forman parte de una reacción a los discursos provocadores de Chávez, que además de visibilizar a los sectores más excluidos, otorgándoles discursivamente un rol preponderante, han descalificado las actuaciones de sus adversarios. En una oportunidad bautizó de “escuálidos” a los representantes de la oposición como signo de debilidad de los tradicionales partidos políticos. Desde entonces, este término comenzó a ser empleado para identificar a los grupos opositores, incluso por ellos mismos porque encontraron en este adjetivo una justificación para diferenciarse y comenzaron a usar el negro, en atuendos diversos, como signo de luto y rechazo que enunciaba su posición trágica frente a las acciones del gobierno. Fue bastante conocida la página web www.escuálidos.com y como respuesta, los simpatizantes con el gobierno crearon la página www.antiescuálidos.com.

También los grupos opositores fueron apropiándose del uso de la bandera y de la tríada de colores que representa, y en la actualidad combinan las soluciones tricolores y el negro. Se hizo común usar pequeñas banderas en los automóviles, de modo similar a la identificación de los hinchas de fútbol durante los campeonatos mundiales. Por un tiempo se usaron banderas negras, luego se combinaron con las bandera patrias y ahora predominan las tricolores. Llama la atención que en las primeras marchas masivas de los opositores al gobierno, lucían las banderas estadounidenses entre las venezolanas y en las últimas acciones se han incorporado banderas de diferentes países, posiblemente como mecanismo para integrar a los sectores  de inmigrantes.

El uso de los colores de la bandera se ha extendido hacia una serie de elementos complementarios como: sombreros, camisetas, cintillos, morrales, vestidos, pulseras, aretes, y adornos variados que incluyen hasta “pins” en piedras semipreciosas y oro. Existe toda una moda “tricolor” desplegada en múltiples combinaciones. Como reacción, el sector de simpatizantes con el gobierno se ha ido limitando a emplear este recurso específicamente en actos públicos. En el contexto cotidiano, la bandera se ha convertido en un emblema contrarrevolucionario y a la vez, “patriótico”. Aunque en la práctica política la idea de nacionalismo sigue siendo una consigna de los simpatizantes con el gobierno, son los sectores de la oposición quienes hacen mayores referencias explícitas. Por ejemplo, para la “marcha de las antorchas”, programada por la Coordinadora Democrática para el día 22 de enero de 2003, la consigna era: “trae tu antorcha y tu bandera”. En las propagandas televisivas se solicitaba de manera explícita: “trae tu nacionalismo”. Esta disputa por la bandera y por ser reconocidos como verdaderamente “nacionalistas”, continúa vigente y por ello, a simple vista, las manifestaciones de ambos grupos pueden ser difíciles de identificar visualmente. Los más favorecidos han sido los vendedores ambulantes porque han cosechado beneficios de ambos sectores.

Como signo de diferencia, los grupos simpatizantes con el gobierno continúan empleando elementos tricolores aunque han acentuado el uso del rojo en banderas y vestuario, como símbolo revolucionario e identificación con Chávez, quien todavía se emplea la boina roja militar de campaña. Pero esto ha conllevado que mucha gente que usa rojo sea identificada como “chavista” y por ende, “castro-comunista”. La moda “política”  ha afectado las interrelaciones cotidianas ya que los colores comenzaron a ser interpretados como afiliaciones a uno u otro bando.

Además del emblema patrio, la geografía ha pasado a formar parte de esta lucha simbólica. La zona este de Caracas comenzó a ser apropiada por los opositores al gobierno con la organización de marchas vecinales, tomas de calles, cacerolazos en casas de algunos dirigentes gubernamentales, e incluso procesiones que permitían incorporar diversas imágenes religiosas. Por ejemplo, en octubre de 2002, decretaron “zona liberada” a la Plaza Francia, ubicada en el Municipio Chacao, gobernado por un alcalde identificado con un partido opositor. Entretanto, los grupos simpatizantes con el gobierno se concentraban en el Oeste de la ciudad, especialmente en la llamada “esquina caliente”, ubicada en las adyacencias de la Plaza Bolívar. Los grupos de oposición asumieron como suya la zona adyacente al edificio de PDVSA, en Chuao, también al este de la ciudad, y los simpatizantes con el gobierno ocuparon el edificio de PDVSA ubicado en La Campiña, un poco más al Oeste. En algunas ocasiones se han producido enfrentamientos, pero en general, los grupos prefieren desplazarse en las zonas que los identifican. Lo que me interesa destacar, es que el vestuario y los espacios públicos comenzaron a ser interpretados como signos de afiliación política. Cuando un signo es asumido por un grupo, el otro intenta apropiárselo para revertir su significado. Esta apropiación ha estimulado la activación de constantes interpelaciones hacia los transeúntes inadvertidos, en ocasiones bastante violentas.

La violencia como enmascaramiento

La violencia se manifiesta discursivamente en las calificaciones que ambos grupos atribuyen a sus contrarios. Por ejemplo, la consigna “Ni un paso atrás” empleada por los grupos de oposición, para el bando contrario representa, desde abril de 2002, un signo de violencia asociada al golpismo. Esta determinación es contrarrestada con la consigna “No volverán” o “No pasarán”.

Ambos bandos agreden discursivamente a sus adversarios a partir de una descalificación asociada a la tradicional “lucha de clases”. Aunque los simpatizantes con el gobierno, emplean despectivamente el término “oligarcas” para definir a sus contrincantes, los opositores al gobierno emplean todo tipo de adjetivos asociados a la descalificación social, como “chusma”, “ordinarios”, “patas en el suelo”... La insistencia en estas calificaciones van más allá de una lucha coyuntural y adquiere un tono de prejuicio étnico cuando cada grupo se atribuye para sí un rol “civilizatorio” que se enmascara continuamente con la exaltación de los defectos de los adversarios. Este “no reconocimiento” del poder del “otro” ha alcanzado niveles más exacerbados en las acciones emprendidas por los opositores, puesto que cuentan con mayor apoyo de los medios de comunicación privados, que superan numéricamente en recursos a los que apoyan al gobierno.

También puede ser interpretados como signos de violencia los desplazamientos del lenguaje. Por ejemplo, los grupos opositores recurrieron a la noción “vacío de poder” para justificar el Golpe de Estado liderizado por Pedro Carmona Estanga. Después del dictamen emitido el 11 de agosto de 2002 por el Tribunal Supremo de Justicia, que liberó de culpa a los militares involucrados en este hecho, se ha hecho más notoria esta tendencia a emplear términos ”sustitutos” que desvirtúan las acciones y los niveles de responsabilidad. La violencia aplicada al lenguaje es interpretada también como acciones descalificadoras que ponen en entredicho el lugar del contrincante, casi fuera de la “ley”. Por ejemplo, cuando se comenzó a deducir como fracaso el Paro decretado en diciembre de 2002, los grupos opositores inventaron el término “paro activo”, un tanto contradictorio, para describir que la protesta incluía a quienes mantenían sus empresas y locales comerciales abiertos al público. Esta práctica ha sido apoyada por gran parte de los medios de comunicación, de prensa y televisivos, que después del Golpe de abril se han mostrado totalmente adheridos a la oposición. Por ejemplo, las marchas de los opositores al gobierno representan a la “sociedad civil” y han resultado “multitudinarias” y en cambio, las de los simpatizantes con el gobierno son “muchedumbres” y “oficialistas”. Esta última calificación resulta poco objetivo, ya que no todos los que marchan a favor de Chávez son realmente incondicionales con este sector. Incluso, existe un número significativo de personas que han participado en las marchas organizadas por ambos grupos. Se podría mencionar como ejemplo, la convocatoria amplia que tuvo la marcha organizada por los simpatizantes con el gobierno el día 23 de enero de 2003, que incorporó a muchas personas que simplemente asistieron para manifestar su rechazo a las consecuencias del paro de la oposición, aunque no se identificaban como “chavistas”.

Este enmascaramiento, mayormente empleado por los grupos opositores, forma parte de una reacción ante las provocaciones discursivas del presidente Chávez, quien no delimita responsabilidades cuando los califica de “golpistas” y “fascistas”. Evidentemente este hecho contribuye a exaltar los ánimos en los sectores sociales que no se sienten identificados con los sucesos golpistas de abril. De manera generalizada, en los grupos opositores se culpabiliza a Chávez de incitar a la violencia, mientras tanto, en el imaginario de los grupos más próximos al oficialismo, se cree que esta violencia ha estado históricamente enmascarada en una supuesta tolerancia. Más allá de las causas, lo que resulta evidente, es que ambos grupos, además de oponerse rabiosamente, se temen.

Mientras los grupos opositores creen que los habitantes de los cerros que bordean la ciudad, donde se concentran las barriadas populares, van a bajar a atacarlos; los grupos de simpatizantes con el gobierno ven a sus opositores como fascistas, sobre todo por algunas consignas y gestos corporales, como el reiterado movimiento del brazo derecho en ascenso, similar al saludo hitleriano acompañado de la consigna “Fuera”, que es asociado con la intolerancia nazi.

Si se plantea que en el escenario político venezolano se ha activado una lucha por el poder entre dos minorías activas[10], se puede comprender mejor el panorama. Hay un amplio sector de la sociedad venezolana que se ha politizado y manifiesta discursivamente un deseo de cambio.

Por un lado, los grupos allegados al gobierno abogan por la construcción de una participación activa. Se han formado agrupaciones que ejercen una amplia labor social como los Círculos Bolivarianos, que cuentan con el apoyo del gobierno, o los Concejos de Planificación que ejercen una labor crítica para su implantación. También existen otros sectores que han emergido de manera independiente y se afilian al proceso de cambio representado por el gobierno, como Clase Media en Positivo y una serie de otras organizaciones populares orientadas a activar acciones comunitarias, estudiantiles e incluso culturales que se comienzan a pronunciar y estudian estrategias de acción, como la agrupación creada recientemente ATCC (Artistas y trabajadores Culturales con al Constitución). Muchos de estos grupos no representan un simple reflejo de las políticas del gobierno. En muchos casos, el sentimiento de adhesión está tramado por una actitud crítica que los lleva a distanciarse de las posturas más radicales.

Igualmente, entre los grupos opositores existen tendencias que aspiran promover un cambio político por la vía constitucional, sin embargo, no tienen suficiente visibilidad frente a las resoluciones ejercidas por la Coordinadora Democrática y por ello, no han podido deslindarse efectivamente de las estrategias reduccionistas de esta figura.

Aunque en ambos sectores existen minorías activas que promueven el cambio, entre las agrupaciones de simpatizantes con el gobierno resulta más fácil reconocer los mecanismos concretos de acción, como por ejemplo, la labor desempeñada por el equipo de Catia TV, un grupo de estudiantes universitarios que ha creado una televisora comunitaria activada por los propios integrantes de la comunidad. Este proyecto fue concebido como un  modelo cultural que revierte la visión tradicional de “llevar la cultura a los barrios”. Es la propia gente de Catia, zona del Oeste de la ciudad, la que diseña y realiza sus programas televisivos, especialmente los relativos a reportajes noticiosos. Este tipo de iniciativas –televisoras y radios comunitarias- se han extendido a nivel nacional después de lograr la creación de un reglamento de comunicaciones sobre este campo por parte del gobierno.

En cambio, entre los grupos opositores, cuesta encontrar proyectos articulados a propósitos ajustados a la realidad social contemporánea y apegados al derecho constitucional. Al parecer, el deseo imperante es derrotar al gobierno y por ello, se hace énfasis en las acciones de calle. Sin pretender descalificar el posible esfuerzo que estos grupos están haciendo, resulta pertinente recordar el planteamiento de Serge Moscovici, quien plantea diferencias entre las minorías activas: unas presentan “desviaciones nómicas” (que proponen una norma alternativa) y otras se reconocerían por las “desviaciones anómicas” (que no proponen una norma alternativa). Según este autor: "No basta con desviarse proponiendo una nueva alternativa para innovar, hace falta mantener un estilo consistente de comportamiento para  lograr el cambio deseado"[11]. Mientras los grupos simpatizantes con el gobierno trabajan en diferentes escenarios de acción comunitaria, los grupos de opositores se concentran en el derrocamiento del gobierno lo cual puede ser entendido como una tendencia más bien conservadora que se resiste a asumir un proceso de cambio por vías democráticas, que a la vez, queda enmascarada detrás de  la apropiación de estrategias discursivas y de acción empleadas por otros grupos latinoamericanos, como la toma de calles implementadas durante el último año en Argentina, o la consigna ”prohibido olvidar”, recurrente en los países que han sufrido severos regímenes dictatoriales.

También me parece significativo mencionar la violencia psicológica que han generado los llamados “Manuales de defensa” que comenzaron a circular en 2002 y se han  activado a principios de 2003. Estos manuales han circulado en las agrupaciones vecinales del Este de la ciudad y contienen una serie de recomendaciones para enfrentar la agresión física de un adversario implícito, representado por los Círculos bolivarianos. Se ha repartido en las reuniones de Junta de Condominio o por correo electrónico. Esto ha servido para que se creen “comités vecinales de vigilancia” con la finalidad de definir “operaciones de defensa”. Entre las sugerencias, se recomendaba reservar aceite para echarlo en las escaleras de los edificios. Las armas no se mencionan pero se aluden. Estos manuales han contribuido a reafirmar la demonización de los simpatizantes del gobierno como “lumpen”, según se mencionó anteriormente.  Si se les pregunta a estos vecinos por los motivos de estos planes, ellos responden que los “cerros”  pueden bajar a atacarlos y ellos están dispuestos a defender su propiedad privada y su integridad física. En estos manuales era común encontrar nuevamente un amplio uso del término “sociedad civil”. Sin embargo, mientras estos grupos han propiciado reuniones para activar los planes de Autodefensa, han olvidan sus labores más clásicas, relacionadas con el mantenimiento de los lugares de recreación o el cuidado de la circulación vehicular de su contexto urbano.

Esta amplia politización de la población venezolana apunta a que el proceso de cambio va más allá de la llamada “revolución bolivariana” decretada por el presidente. El tema político atraviesa todos los órdenes de la cotidianidad, y aunque son visibles los signos de la violencia, se han manifestado y continúan manifestando diferentes propuestas de organización y activismo. Creo que la movilidad de someterse a una constante apropiación de signos, demuestra que los sectores sociales están en pleno proceso de redefiniciones que posiblemente se orienten hacia la constitución de nuevos partidos políticos. Desde el Golpe de Estado de abril de 2002, los procesos identitarios experimentados por los grupos más visibles –asociados a las nociones de sociedad civil, ciudadanía, nacionalidad- se han visto expuestos a la violencia de estar reinterpretándose constantemente, a veces en asociaciones muy vacías de contenido. Es probable que a corto plazo se produzcan readecuaciones más productivas, cuando comiencen a ser palpables las acciones del amplio sector que no se identifica con los extremos. Un ejemplo lo constituyó un afiche diseñado por algunos comerciantes que abrieron sus puertas en diciembre: "No somos escuálidos ni chavistas. Somos comerciantes". Frente a la polarización política se activó un pretexto económico para esgrimir la diferencia.

La violencia ejercida por los medios de comunicación

Además de las agresiones discursivas activadas en los grupos sociales, se debe añadir la violencia ejercida por los medios de comunicación representada por el control de la información, que sustituye su labor como servicio público por el ejercicio político, atribuyéndose un rol que tradicionalmente le ha correspondido a los partidos políticos.

De manera particular hay que mencionar las acciones ejercidas durante el Golpe de Estado ocurrido en 2002. El día 11 de abril, las televisoras privadas[12] infiltraron la señal del Estado durante la transmisión del discurso presidencial, por sistemas de microondas y satélites capaces de evadir el control gubernamental. Su objetivo fue insertar paralelamente en la pantalla,  imágenes de los acontecimientos más violentos que en ese momento se estaban suscitando en la Avenida Baralt y que tuvieron un saldo de varios muertos y heridos. Esta interrupción puede ser entendida como un mecanismo para deslegitimar el discurso oficial y a la vez, acreditar la perspectiva de los grupos de oposición, porque fue evidente que se quería responsabilizar al gobierno de este choque físico de fuerzas. Por otra parte, entre las imágenes transmitidas, se seleccionaron aquellas que mostraban a los simpatizantes con el gobierno disparando desde el Puente Llaguno hacia la avenida Baralt y no se mostraba el objetivo de esos disparos, así como tampoco se registraron a los policías disparando hacia esa zona[13]. A la vez, se mostraban algunas de las víctimas desde perspectivas descontextualizadas, que no permitían reconocer el lugar que ocupaban en este enfrentamiento. Para los televidentes advertidos de los mecanismos empleados en este tipo de luchas por el poder, resultaba obvio que había una suerte de plan trazado para derrocar el gobierno. Al poco tiempo fue tumbada la señal del canal del Estado y la información quedó en manos de los canales privados, los cuales actuaron de manera encadenada. Durante los día siguientes la mayoría de la población se encontraba prácticamente desinformada debido a  que las televisoras seleccionaban las noticias y favorecían los sucesos asociados al nuevo gobierno de Carmona Estanga. Se complementaba la programación con películas infantiles. La información circulaba por medio de algunas emisoras radiales, vía telefónica y por correo electrónico. En un comunicado oficial elaborado por el grupo de militares que encabezó la insurrección, se informó a la población sobre la renuncia del presidente Chávez. Posteriormente, Napoleón Bravo, un reconocido periodista, leyó el supuesto documento aunque se cuidó de no mostrarlo al público. Pero mucha gente sabía que esta situación no era cierta debido a que verbalmente se transmitían noticias sobre las negociaciones que se estaban gestando en torno a la vida del presidente. Estos rumores impulsaron la salida masiva de personas hacia las afueras del Fuerte Tiuna, lo cual funcionó como medida de presión para que algunos militares retomaran el hilo constitucional.

En las transmisiones del 11 de abril y durante los siguientes días, los líderes de los grupos opositores gobierno se atribuían las víctimas (35 fallecidos y 112 heridos) cuando en realidad un alto número de ellas correspondía a los grupos simpatizantes con el gobierno[14]. Todavía en la actualidad, muchos de los representantes de los grupos opositores recurren a discursos victimizadores con relación a estos sucesos y no reconocen públicamente que ese día se produjo un Golpe de Estado. Se culpabiliza al gobierno de estos hechos, aunque las investigaciones no han culminado. Por ejemplo, el 11 de mayo de 2002, para la conmemoración de la caída de las víctimas del 11 de abril, en una manifestación de la oposición se proyectaron, en encuadre zoom y en pantallas gigantes, la imagen de una de las víctimas mientras agonizaba. En parte este no reconocimiento del otro como víctima, se articula a la debilidad de los aparatos de Justicia que exculparon a los oficiales involucrados en este hecho, según se ha mencionado anteriormente.

La irresponsabilidad de los medios de comunicación también quedó en evidencia durante los sucesos trágicos acaecidos en la Plaza Francia el día 6 de diciembre de 2002, cuando murieron tres personas y varias resultaron heridas por un francotirador. Las imágenes recogidas por los canales de televisión, a modo de reportaje, registraban la confusión del atentado en plena acción. Sin embargo, la cobertura, supuestamente minuciosa de una serie de opiniones y detalles que incluía la atención de los paramédicos a una de las víctimas en visible estado agonizante, parecía exaltar los ánimos pues se dejaba correr la cámara sin ningún reparo, incluyendo las acusaciones exaltadas hacia la figura del presidente Chávez. A pesar que antes de una hora de los sucesos ya se había detenido al responsable, muchas de las imágenes fueron repetidas en “loop” durante esa noche y al día siguiente.

Tomando en cuenta nuestro interés por comprender el rol que tiene la sociedad civil en estos tiempos, cabe preguntarse ¿qué intereses deberían defender los medios de comunicación? ¿qué modelo de ciudadanía se articula en una parcialización política que desconoce amplios sectores de la sociedad?

Sobre los derechos humanos

Desde abril de 2002 los grupos opositores al gobierno acusan constantemente al gobierno de coartar la libertad de expresión y de actuar de manera autoritaria. En diferentes informes editados por las organizaciones de derechos humanos se le exige al Estado garantizar la aplicación de la justicia pero a la vez, se reconocen las debilidades específicas del actual momento político tramado de intereses partidistas. Un diagnóstico realizado por Kenneth Roth, director de la organización Human Rights Watch y publicado el 14 de enero de 2003 por Associated Press, plantea que el gobierno no ha violado los derechos humanos y más bien reconoce que ha  evitado implementar el uso de la fuerza policial para enfrentar muchos disturbios, como los originados por el Paro de diciembre. También aclara que la intervención de las empresas petroleras fueron llevadas a cabo con el apoyo del poder judicial. Pero mientras el gobierno hace esfuerzos por mantenerse dentro del derecho constitucional, en el imaginario colectivo se ha gestado una suerte de sentimiento de “orfandad” por el estado de “impunidad” que se deriva de un debilitamiento de las instituciones. Los sectores opositores, que cuentan con amplia representación dentro de las instituciones, responsabilizan de esta negligencia al gobierno. Sin embargo, también existen perspectivas menos parcializadas que reconocen las limitaciones del gobierno porque no cuenta con el control de los organismos policiales y de investigación. Frente a los signos de violencia más recientes, representados por los atentados a las sedes diplomáticas de Colombia y España, gran parte de la opinión pública le atribuyó la responsabilidad al gobierno, aunque la investigación se encuentra en curso.

Componentes de ciudadanía y sociedad civil en vías de redefinición 

La sociedad civil representaría una cultura ciudadana en la cual los individuos se reconocen como miembros activos en la defensa de sus derechos sociales. Aunque existen muchas acepciones de ciudadanía quiero entenderla como disposición a participar activamente por el derecho al trabajo, la salud, la educación, la vivienda y la visibilidad de sus propios intereses. En este sentido, creo oportuna la definición de Néstor García Canclini sobre la ciudadanía cultural: “ser ciudadano no tiene que ver con los derechos reconocidos por los aparatos estatales a quienes nacieron en un territorio, sino también con las prácticas sociales y culturales que dan sentido de pertenencia y hacen sentir diferentes a quienes poseen una misma lengua, semejantes formas de organizarse y satisfacer sus necesidades” (1995: 19). En esta acepción se reconoce la existencia de un “sentido de pertenencia” que en el caso venezolano, parece confundirse con la adhesión a una perspectiva política particular que mayoritariamente se ve enmascarada en la lucha simbólica comentada.

Cuando muchas de las acciones de las organizaciones sociales están determinadas por las pautas dictadas por sus líderes, su labor se inscribe más en la noción de sociedad política, organizada alrededor de fines específicos y partidistas. Creo entonces que la poca credibilidad que tienen los partidos políticos tradicionales, contribuye a que la noción de sociedad civil atraviese por una primera definición política.

Pero más allá de esta fase que posiblemente permitirá la fundación de nuevos partidos políticos, también existen numerosas agrupaciones que, independientemente de su afiliación política, están ejerciendo su rol de sociedad civil en un amplio sentido. Marino Alvarado Betancourt, perteneciente a Provea (Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos) ha comentado al respecto: “40 o 50 organizaciones de la sociedad civil, no representan el sentimiento de un pueblo organizado en diversas formas. La sociedad civil que no aparece en los medios, es tan importante, como aquella que tiene esa oportunidad. Aunque no se vea, ni se oiga, existe y se siente” (2002). Este comentario permite imaginar que la polarización representaría un momento transitorio en el cual se encuentra un amplio sector en situación de invisibilidad. Es probable que comiencen a producirse cambios que estimulen nuevas perspectivas sobre el debate simbólico hasta ahora imperante.

Más allá de hacer visibles intereses partidistas, los grupos identificados con la noción de sociedad civil deberían asumir un rol activo con respecto a los entes que detentan la hegemonía del poder, ya sea el Estado o aquellos organismos que representan poderes económicos transnacionales y que se atribuyen el poder de los partidos políticos. George Yúdice advierte que esta tarea tiene sus especificidades en los actuales tiempos marcados por los procesos socioeconómicos de globalización que continúan sosteniendo desigualdades:

“si bien el Estado tiene que gerenciar y manejar las contradicciones del neoliberalismo, también le incumbe a la sociedad civil, pues su papel político, desde la perspectiva de las élites capitalistas, es estabilizar las perturbaciones generadas por el proceso de transformación. Debe enfatizarse que la sociedad civil tiene una doble función: por una parte, responde a la necesidad de estabilidad y legitimidad política que tiene el neoliberalismo y, por otra, la supervivencia de la mayoría pobre frente al reajuste estructural. Podríamos destacar dos tipos de acción civil procedente de la función de la sociedad civil: una que tiende a la estabilidad, cuando las organizaciones civiles logran compensaciones del estado, y otra a la ingobernabilidad, caracterizada por levantamientos, movimientos fundamentalistas del tipo de Sendero Luminoso y la criminalidad en la economía informal” (1997: 17).

La polarización del escenario social venezolano muestra que la canalización de fuerzas tiene que contar con el reconocimiento del “otro”, sobre todo aquél que ha estado históricamente en situación de desventaja. De lo contrario, es posible que gran parte de la sociedad asuma esa situación de ingobernabilidad descrita por Yúdice y que ha marcado también el escenario colombiano.

La situación mantendrá su tensión mientras no haya un reconocimiento del otro desde ambos sectores polarizados y especialmente desde los grupos de opositores al gobierno, que están constituidos básicamente por grupos de la clase media, que han caído en la trampa de demonizar a su supuesto adversario. Los valores democráticos como la libertad de expresión y los derechos humanos son reclamos que aparecen constantemente en los discursos de la oposición pero en la práctica, quienes se encuentran menos posibilitados de poder ejercer esos derechos, son justamente los simpatizantes con el gobierno de Chávez. Ante el autoritarismo de los medios de comunicación privados, se han activado varias páginas web[15], radios y televisoras comunitarias, así como algunos periódicos de carácter contestatario, vanguardistas y también comunitarios.

Sin intenciones de defender a un grupo por sobre otro, resulta inevitable reconocer que las estrategias de apropiaciones y neutralización de los signos de agrupamiento o integración sobre las nociones de sociedad civil, ciudadanía, pueblo, entre otras, han sido mayormente propiciadas por quienes se han atribuido para sí el rol de la “sociedad civil” como táctica para desacreditar y esbozar la imagen del adversario, recurriendo así a las tradicionales dicotomías positivistas que en su binarismo, descalificaban a unos individuos con el signo de la barbarie. La violencia corporal termina siendo el resultado de una violencia simbólica sostenida que contribuye a jerarquizar lugares en el campo de lo social.

En este juego político también se debe reconocer que los medios de comunicación han contribuido a configurar modelos hipertrofiados de ciudadanía y sociedad civil por medio de un constante enmascaramiento que desdibuja la información “real”. Superar los problemas relativos a la violencia en América Latina pasa por reflexionar de manera crítica sobre este fenómeno que coloca a los medios de comunicación, en especial a los diversos actores que los integran, como lacayos de los intereses de grupos hegemónicos que generalmente defienden intereses económicos transnacionales.

Hoy en día, en el marco de un enfrentamiento bélico internacional que visibiliza la concentración del poder, se vuelven más y más pertinentes las interrogantes sobre el rol político efectivo de las nociones de sociedad civil, ciudadanía y otras acepciones de ordenamiento social, sobre todo en América Latina. En el escenario venezolano están activas las redefiniciones en la propia práctica. Mientras muchos grupos luchan por darle forma coherente a sus deseos, hay otros que juegan a la victimización en un juego interminable de enmascaramientos. La lectura del escenario social altamente politizado debe pasar por la comprensión de los contenidos históricos que hicieron posible la emergencia y afirmación de lugares de exclusión social que ahora se encuentran en proceso de autorreconocimiento de su lugar como sujetos históricos.  

Bibliografía

Banchs, María A. (2001): “Jugando con las ideas en torno a las representaciones sociales desde Venezuela”. Mérida. Venezuela: Fermentum. Año 11, N° 30. Enero-abril, pp. 11-32.

Betancourt, Alvarado (2002): “Sobre justicia y sociedad civil”. Caracas: El Nacional. 30/5/2002, p. A-9.

García Canclini (1995): Consumidores y ciudadanos. Conflictos multiculturales de la globalización. México: Editorial Grijalbo.

Foucault, Michel (1996): Genealogía del racismo. La Plata. Argentina: Editorial Altamira.

Mato, Daniel (1999) “Globalización, Representaciones Sociales y Transformaciones Sociopolíticas”. Nueva Sociedad. Caracas:, Nro. 163 (septiembre-octubre), pp. 152-163.

Mato, Daniel (2001): “Des-fetichizar la ‘globalización’: basta de reduccionismos, apologías y demonizaciones, mostrar la complejidad y las prácticas de los actores” en: Mato, Daniel (Coord.), Estudios Latinoamericanos sobre Cultura y Transformaciones Sociales en Tiempos de Globalización. Buenos Aires: CLACSO, pp. 147-177.

Sperberg, Jaime (2001): “El significado  de la sociedad civil para los pobres urbanos en Chile”. Caracas: Nueva Sociedad. N° 171. Enero-febrero, pp. 133-145.

Yúdice, George (1997): Globalización de la cultura y nueva sociedad civil. Caracas: Colección Cátedra Estudios Avanzados, CIPOST – Centro de Investigaciones Postdoctorales.